Cuentas fuera de control

Tras casi tres años de un esfuerzo titánico para controlar el déficit público y mantener los gastos del Estado por debajo del 3% del pructo interior bruto (PIB), como exigen las autoridades comunitarias en Bruselas, Portugal sigue sufriendo un grave desequilibrio presupuestario. Los economistas han reiterado sus alertas, pero esta semana llegaba la confirmación oficial: el Gobierno portugués se ha visto obligado a integrar los fondos de pensiones de varias empresas estatales en la Caja General de Jubilaciones y ha intentado ceder temporalmente la propiedad de 65 edificios de propiedad pública a diversas entidades bancarias.

Tanto Durão Barroso como su sucesor, Pedro Santana, contaban con la recuperación económica internacional y nacional para resolver la crisis

Las deudas por el pago de las cuotas a la Seguridad Social equivalen al 11% del PIB, mientras que la evasión fiscal representa el 6% del PIB

El objetivo era conseguir unos 3.000 millones de euros de ingresos extraordinarios -el equivalente al 2% del PIB- antes de finales de año y presentar a Bruselas un déficit oficial del 2,9%. Pero Eurostat vetó el negocio relacionado con los edificios públicos y, en una conferencia de prensa, el ministro de Hacienda, António Bagão Félix, asumía que le faltan unos 750 millones de euros para equilibrar las cuentas y evitar las sanciones europeas.

El problema portugués es que esta película se repite desde 2002. Portugal fue el primer país de la eurozona en violar el Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC), que impone a los Estados miembros que sus gastos no superen el 3% de la riqueza producida, cuando en 2001 presentó un déficit público del 4,4%. José Manuel Durão Barroso, entonces primer ministro portugués y ahora presidente de la Comisión Europea, prometió controlar las cuentas públicas y aplicó una política de enorme austeridad financiera que, para muchos analistas, acabó por arrastrar a Portugal hacia una durísima recesión, la más larga de Europa y la peor en la historia portuguesa de los últimos 10 años. El país entró en recesión a finales de 2002 y sólo este año salió de los números rojos. Al problema interno, que exigía un ajuste presupuestario, se sumó la mala coyuntura internacional, que disminuyó los ingresos y agudizó el desequilibrio de las cuentas.

En 2002, 2003 y 2004, Portugal sólo controló el déficit a través del recurso a los ingresos extraordinarios. Eso mismo confirmaba, esta semana, el gobernador del Banco de Portugal, Víctor Constancio: "Tenemos sistemáticamente déficit superiores al 4%. En los últimos tres años, se acercaron incluso al 5%. Y pasará lo mismo en 2005, si no contamos con ingresos extraordinarios". La mayoría de estas medidas extraordinarias, "y especialmente las de los últimos dos años, no afectan a los ingresos de los agentes económicos. Se trata de meras transferencias, de arreglos contables, pero sin ningún impacto económico". "Déficit superiores al 5% en 2003, y de cerca del 5% este año y otra vez del 5% el año que viene, es una situación insostenible", afirma el responsable del banco central portugués, para quien el problema debe ser solucionado dentro de dos años, porque empieza a ser complicado conseguir ingresos extraordinarios tan grandes. El Gobierno lleva tres años vendiendo patrimonio y haciendo ingenierías contables que pueden estar a punto de agotarse.

Malas noticias

Tanto el Ejecutivo de Durão Barroso como el de su sucesor, Pedro Santana Lopes, contaban con la recuperación económica internacional y nacional para resolver el problema, al menos parcialmente. La esperanza era ver crecer los ingresos fiscales debido al aumento de la actividad económica. Pero las últimas noticias no son positivas. Tras un significativo crecimiento del PIB entre enero y junio, la economía volvió a estancarse. En la primera mitad del año, la actividad se reanimó, debido a la celebración de la Eurocopa en Portugal. La demanda interna y el consumo privado se dispararon y, tras año y medio de contracción, el PIB creció el 1,1% en el primer trimestre de 2004 y el 1,8% en los tres meses siguientes (con relación a los mismos periodos de 2003). Pero en el tercer trimestre, la recuperación se interrumpió. El PIB creció sólo un 0,8% y, con relación al trimestre anterior, hubo una contracción del 1,2%. Portugal fue el único país de la eurozona donde se verificó este retroceso y está en el aire la previsión de crecimiento del 1,25% para este año.

Tanto el gobernador del Banco de Portugal como la generalidad de los economistas han advertido esta semana que la recuperación económica será bastante más lenta que lo esperado y la única solución es avanzar de inmediato con reformas estructurales, con efectos a largo plazo. El objetivo es disminuir los gastos del Estado y no dejar las cuentas públicas tan dependientes de las oscilaciones de los ingresos. Para Constancio, "el país tendrá, inevitablemente, que hacer frente con más arrojo al problema presupuestario, y como eso implica medidas difíciles, serán necesarios consensos y gran sentido de responsabilidad", dice, defendiendo un pacto de Estado entre los principales partidos políticos.

La inestabilidad política portuguesa de los últimos años ha sido otro de los factores que ha empeorado la situación económica y financiera. A finales de 2001, el Gobierno socialista de António Guterres dimitió; en julio de 2004, Durão Barroso abandonó también el Ejecutivo de Lisboa y, hace dos semanas, el actual equipo de Santana Lopes cayó, por decisión del presidente de la República, Jorge Sampaio. Algunas reformas anunciadas nunca han llegado a ponerse en marcha y, por otra parte, la confianza de los agentes económicos ha alcanzado niveles negativos históricos.

Una de las reformas considerada esencial y urgente es la reestructuración de la Administración pública, que Durão Barroso anunció con mucha pompa, pero que ahora está una vez más aplazada. Portugal es, en términos relativos, uno de los países europeos con más funcionarios y el gasto para los empleados del Estado ascienden al 14% del PIB, cuando la media europea se sitúa en el 11%. El plan de Barroso preveía un recorte de 44.000 funcionarios (de un total de 750.000) hasta 2006, y la convergencia de los gastos con el resto de Europa ese mismo año.