Vivienda ha recuperado 382 pisos protegidos para evitar el fraude

El Departamento de Vivienda ha recuperado desde 1988 un total de 382 pisos de protección oficial para evitar que sus dueños los vendieran en el mercado libre a unos precios muy superiores a lo que les corresponde. La consejería dirigida por EB ha intensificado la lucha contra este fraude durante los dos últimos años, ejerciendo su derecho de tanteo sobre todas las viviendas de protección oficial. Este férreo control ha llevado a que en 2003 y en lo que va de año 56 propietarios hayan ofrecido sus pisos directamente al Ejecutivo, algo que no había ocurrido nunca.

Javier Deán, viceconsejero de Vivienda, asegura que esta situación responde a que los ciudadanos han interiorizado la inutilidad de buscar un comprador en el mercado libre porque el Ejecutivo tantea absolutamente todas las casas protegidas que se venden y dispone de mecanismos para saber cuáles van a salir al mercado y en qué condiciones. "El Gobierno lo compra todo", zanja. Los dueños del inmueble se dan cuenta de que no les merece la pena buscar un comprador, ir al notario y que les pida el visado de la delegación territorial de Vivienda al tratarse de un piso protegido y ésta ejerza su derecho al tanteo en ese mismo momento. "Para evitarse todo eso, nos la ofrecen directamente y se la adquirimos con una oferta de venta", precisa Déan.

Una de las medidas que adoptó Ezker Batua cuando se hizo cargo de la consejería de Vivienda fue calificar de por vida los pisos protegidos, con lo que nunca se pueden vender en el mercado sin ofrecerlos antes a la consejería. Sin embargo, las viviendas de protección oficial construidas antes de la entrada de EB en el Gobierno tienen una calificación por 20 años. Transcurrido ese tiempo, sus dueños pueden venderlas a quien deseen. Algunos de ellos prefieren no esperar ese plazo y las intentan colocar en el mercado por un precio mucho más alto del que les corresponde, cometiendo así un fraude. Para impedir esos casos, el Parlamento vasco aprobó en 1988 la Ley de Tanteo y Retracto, que concede al departamento la prioridad para adquirir un piso protegido que se pone a la venta.

La colaboración de los notarios es fundamental para evitar el fraude. En las transmisiones que se están produciendo en la actualidad, las cifras de venta se ajustan a la ley porque los notarios exigen al vendedor el visado del contrato por parte de la delegación territorial de Vivienda en sus expedientes de compraventa. "Estoy convencido de que todos los notarios están exigiendo ese visado. No hay lagunas en el proceso, no hay ningún notario que esté incumpliendo la ley", declara rotundo el viceconsejero.

Prueba de ello es el número de ofertas de venta al Gobierno en 2003 y 2004. Sólo hay un pequeño riesgo de fraude, admite Déan: que alguien venda sin escriturar. Se trata de contratos privados que sólo ven comprador y vendedor. En teoría se puede hacer, pero supone un riesgo muy grave para el comprador, ya que un piso que no se escritura y no se inscribe en el Registro de la Propiedad puede resultar que ha sido vendido también a otras personas.

Una vez que el departamento ejerce el tanteo y se queda con la vivienda, lo habitual es que tire de las listas de espera de los sorteos para adjudicar la casa. Si no hubiera esas listas, organiza un sorteo de manera interna ante notario entre los demandantes del municipio en el que se ubica el piso.

Junto a los tanteos y las ofertas de venta al Ejecutivo, Vivienda también gestiona las permutas. En su momento se habilitó a través de una normativa que una persona que dispone de un piso protegido pueda acceder a otro en caso de necesidad, como las familias que han aumentado de miembros.

Inspecciones

El proceso se realiza a través de la permuta de un piso por otro. Como la consejería dispone de una bolsa de inmuebles ha accedido a realizar algunos cambios "suficientemente justificados". Pero esta vía se encuentra prácticamente agotada porque el número de viviendas para permutas son pocas.

El otro fraude en la vivienda de protección oficial es el que se refiere al inmueble que se encuentra desocupado porque su adjudicatario no lo pisa o porque lo ha alquilado de una manera irregular. El Gobierno ha puesto en marcha un plan de inspección masiva en los tres territorios que pretende acabar con estos engaños. La consejería comprobará los consumos de agua, gas y electricidad.

En Vizcaya ya se han analizado hasta 3.500 viviendas y en Álava y Guipúzcoa la iniciativa echará a andar en breve. El objetivo es completar la inspección de todo el parque de vivienda de protección oficial.