La UCE pide ampliar el 'caso Fabra' a la supuesta falsificación de sellos

Los representantes de la Unión de Consumidores de la Comunidad Valenciana han solicitado a la titular del juzgado número 1 de Nules, donde se instruye el llamado caso Fabra, que investigue la presunta falsificación de sellos, tampones y documentos que el empresario Vicente Vilar denunció haber realizado con la colaboración del presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, tal como publicó Interviú.

El escrito dirigido a la juez solicita que tras la información publicada en la que el empresario implicaba también a la esposa de Fabra, María Amparo Fernández, y a su ex esposa, Monserrat Vives, se tome declaración al propio Vilar en calidad de imputado. Según dijo Vilar, los sellos se falsificaron para aparentar que eran auténticos unos análisis sobre productos fitosanitarios que no reunían los requisitos de pureza que exigía el Ministerio de Agricultura.

Además, la Unión de Consumidores, que está personada como acusación en el procedimiento abierto contra Fabra, su esposa, Vilar y su ex mujer por la posible comisión de presuntos delitos contra la Administración pública, hace tres requerimientos. En el primero de ellos solicita que se requiera a Vicente Vilar para que aporte al juzgado los sellos de caucho aparentemente falsificados que aparecen fotografiados en el semanario, así como cualquier otro de los que fueron utilizados para falsificar los documentos que, posteriormente, eran remitidos al Ministerio de Agricultura con el fin de que autorizara la fabricación de determinados productos fitosanitarios. El segundo requerimiento se refiere también al empresario que denunció a Fabra de haberle cobrado cantidades millonarias a cambio de favores políticos, al que la UCE quiere que la juez le exija "cuanta documentación disponga relativa a las citadas falsificaciones". El último requerimiento se fija en el Ministerio de Agricultura, organismo al que la UCE quiere solicitar todos los expedientes relativos a los productos para cuya autorización, según Vilar, se utilizaron documentos falsificados. Según señala el escrito, la solicitud de documentación al Ministerio se podría ampliar próximamente.

Por otra parte, el juzgado de primera instancia número 1 de Castellón ha desestimado la demanda interpuesta por el líder del PP en Castellón, Carlos Fabra, contra la Cadena SER y el Grupo Prisa al considerar que ninguna de las informaciones emitidas en el último año por la cadena de emisoras atenta contra el derecho al honor y la intimidad personal del político popular. La sentencia obliga a Fabra a pagar las costas del proceso.