Las autonomías piden que se multe al fumador que incumpla la ley antitabaco

Los consejeros de Sanidad de las 17 comunidades autónomas aceptaron ayer, con algunas objeciones, las líneas básicas del anteproyecto de ley de prevención del tabaquismo elaborado por el Gobierno para prohibir fumar en centros de trabajo y locales públicos. Las comunidades sugirieron a la ministra de Sanidad, Elena Salgado, algunos cambios, entre ellos, que se multe también a quienes infrinjan la prohibición de fumar en locales públicos y no sólo a los propietarios de los establecimientos. El más radical fue el consejero extremeño, que abogó por la ilegalización del tabaco en la UE.

Al tercer intento, Elena Salgado consiguió mantener una reunión con todos los consejeros autonómicos de Sanidad. Las reuniones anteriores fueron boicoteadas por los representantes del PP, que esta vez sí que asistieron al Consejo Interterritorial de Sanidad que se celebró en Santiago de Compostela.

En el encuentro Salgado presentó el anteproyecto de ley sobre que prevé la prohibición total de fumar en los centros de trabajo. En los locales públicos como salas de fiesta y bares o restaurantes con una superficie superior a los 100 metros cuadrados se permitiría la habilitación de zonas especiales para fumadores siempre que exista una separación física con el resto de las dependencias y siempre que no superen el 30% de la superficie y estén completamente aisladas.

Las medidas no encontraron excesiva contestación, aunque los consejeros de las siete comunidades gobernadas por el PP plantearon algunas objeciones. "Estamos de acuerdo con la filosofía del anteproyecto, pero pedimos que se elabore una memoria sobre su coste económico", explicó, en nombre de los consejeros del PP, el titular de Sanidad de la Xunta de Galicia, José Manuel González. Este grupo de comunidades advierte de que el proyecto va a incidir en la financiación sanitaria, ya que parte de la recaudación de los impuestos sobre el tabaco se destina a los fondos para los servicios públicos de salud, y "tendrá también un impacto en otros sectores económicos que se debe cuantificar", según González.

Otras comunidades también plantearon sugerencias para retocar el texto del Gobierno. La consejera catalana, la socialista Marina Geli, propuso que las sanciones por infringir la norma se apliquen también a los fumadores y no sólo a los propietarios de los locales. "Sabemos que no sería fácil de aplicar y que requeriría la colaboración de los ayuntamientos con sus policías locales, pero la propuesta ha sido bien acogida", explicó Geli. Como contrapartida a la inclusión de sanciones para los consumidores, la consejera catalana pidió que se rebaje la cuantía de las multas. El anteproyecto del Gobierno prevé que puedan alcanzar hasta el millón de euros en caso de infracciones consideradas muy graves.

La representante de la Generalitat de Cataluña también se declaró partidaria de flexibilizar la prohibición en los centros de trabajo. Geli defendió que pueda habilitar una zona de fumadores en fábricas y oficinas siempre que no exista un acuerdo expreso en contra de la mayoría del comité de empresa. El consejero de la Comunidad de Madrid, Manuel Lamela, afirmó que ese tipo de asuntos "deberían dejarse a la negociación colectiva".

Una portavoz de Sanidad manifestó que el anteproyecto se encontraba en fase de alegaciones, por lo que el departamento se encontraba "abierto" a discutir cualquier sugerencia.

Entre los partidarios de radicalizar las medidas sobresalió el consejero de Sanidad de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, una comunidad en la que el 4% de la población se dedica al cultivo del tabaco. Fernández Vara propugnó prohibir "la producción, la transformación y la venta".

El consejero extremeño consideró "paradójico" que se tomen medidas para reducir el consumo de una sustancia de la que mata. "Si eso daña y mata, prohíbase. De otra manera, estamos en una contradicción permanente", dijo. Fernández Vara admitió, no obstante, que una medida así sólo se podría tomar en el ámbito de la UE.

La ministra de Sanidad disintió de las opiniones del consejero extremeño. Para Elena Salgado, "no se ganaría nada" favoreciendo la aparición de un "comercio ilegal", sobre todo cuando la mayor parte del tabaco se produce en países que no pertenecen a la UE.

La consejera catalana señaló que la opinión de su colega extremeño no debía "sacarse de contexto" ya que se estaba refiriendo únicamente a la "esquizofrenia global" que supone la adopción de medidas contra el tabaco en todo el mundo al tiempo que los estados reciben ingresos por su venta.