Defensa se reunió con los intermediarios del Yak-42 cuatro días antes del accidente

El Estado Mayor de la Defensa mantuvo una reunión con representantes de Chapman, la empresa intermediaria en el alquiler del Yak-42, el 22 de mayo de 2003, cuatro días antes del accidente en el que murieron 62 militares españoles en Turquía. En esa reunión, hasta ahora desconocida, "se pidieron explicaciones sobre la falta de seguridad del Ilyushin", uno de los aviones ex soviéticos fletados para transportar las tropas. Hoy declara como testigo en la Audiencia Nacional el coronel Joaquín Yanes, jefe del grupo de control del contrato con la agencia de la OTAN.

El Centro de Operaciones Terrestres del Ejército de Tierra elaboró un informe, el 2 de junio de 2003, en el que explicaba: "En los últimos meses se han detectado una serie de problemas en los vuelos de relevo de personal [militar español destinado en Afganistán e Irak] y sostenimiento. La mayor parte están relacionados con problemas de retrasos y estiba en la carga y el último hace referencia a problemas de seguridad en el avión Ilyushin 76D".

En concreto, aludiendo a este último avión de origen soviético, el informe explica que "a partir de abril [de 2003] se recibieron quejas verbales y un informe escrito del comandante Míguez que reflejaban la poca idoneidad de este avión para transportar pasajeros [...] concretamente por la mala estiba de la carga [...] que podía provocar algún accidente y por la apariencia de deficiente mantenimiento del tren de aterrizaje y sistemas hidráulicos".

¿Normativa ucrania?

"Estos informes", agrega el documento, "fueron expuestos en la reuniones en el Emacon [Estado Mayor Conjunto] y se solicitó al Malog-Op [Mando Logístico Operativo] que recabase información para completar el informe. En la última reunión en Emacon", prosigue, "el día 22 de mayo, asistió un representante del operador logístico Chapman al que se pidieron explicaciones sobre la falta de seguridad del Ilyushin, contestó que los trenes de aterrizaje cumplían la normativa en vigor (no concretó si se refería a la ucrania o a la europea) e informó de que ya se estaban contratando aviones que contaban con una cabina de pasaje para 16 pax [pasajeros], que independizaba pasajeros y carga".

El primer avión de estas características salió hacia Irak el 27 de mayo, un día después del accidente del Yak-42.

La importancia de este informe radica en que demuestra que no sólo eran conocidas las denuncias sobre la falta de seguridad de aviones ex soviéticos, sino que incluso se plantearon a representantes de la empresa intermediaria cuatro días antes del accidente. Este informe fue elevado al entonces ministro de Defensa, Federico Trillo-Figueroa, el 3 de junio de 2004.

Pese a ello, Trillo-Figueroa declaró al día siguiente en el Congreso: "No hubo, en ninguno de los 44 vuelos realizados por aviones contratados con NAMSA hasta el momento del accidente denuncias ni quejas verbales ni escritas a ninguno de los jefes de Estado Mayor de los ejércitos ni al Jemad [Jefe del Estado Mayor de la Defensa] sobre la capacidad técnica o las condiciones de seguridad de los aviones".

El ministro agregó que "la única queja recibida con anterioridad al accidente" se refería a retrasos por problemas de repostaje y por los trámites aduaneros a la entrada en España. "Ninguna otra queja distinta de la referida", enfatizó.

Hoy está citado como testigo, ante la juez de la Audiencia Nacional Teresa Palacios, que investiga el caso Yak-42, el coronel de Infantería Joaquín Yanes González, jefe de la Sección Logística Operativa de la División de Operaciones del Emacon, que actuaba como grupo de control del contrato con la agencia NAMSA de la OTAN.

Según la documentación remitida al Congreso, este grupo de control elevó 10 reclamaciones a NAMSA, de las que cuatro se presentaron antes del accidente del Yak-42 y seis con posterioridad. Sorprende que cuatro de estas últimas quejas se refirieran a vuelos previos al del siniestro, algunos de fechas tan anteriores como 2002.

De todas estas denuncias, sólo una tuvo consecuencias. Se refería precisamente al avión que luego se accidentó, el Yakovlev-42 de la compañía ucrania UM Air, que demoró su despegue en un vuelo a Afganistán en marzo de 2003 por carecer de permisos de sobrevuelo. La empresa fue multada con 2.500 euros, que se descontaron del precio del siguiente vuelo.

La investigación interna realizada por el coronel Ricardo Fortún concluyó que las quejas no sirvieron para corregir los errores denunciados y que Defensa no ejerció el derecho a inspeccionar los aviones que le reconocía el contrato con NAMSA.