El veto del PNV a las cuentas del Estado congela 12 millones para Hobetuz

En 1999, fruto del pacto firmado tres años antes por el PP y el PNV para la investidura de José María Aznar, se acordó dotar a Hobetuz con 5.000 millones de pesetas (30 millones de euros). Tras el deterioro de las relaciones entre ambos partidos, el Gobierno vasco dejó de percibir esos fondos y Hobetuz tuvo que vivir esencialmente de las transferencias del Gobierno vasco. La enmienda socialista libera 12 millones de euros, una cantidad que está lejos de la transferida por los populares y más lejos aún de los 42 millones que el Gobierno vasco considera que le corresponde por la cuotas de formación de los trabajadores vascos.

Yolanda Vicente, senadora socialista por Álava, asegura que los socialistas han querido solucionar un problema y una demanda histórica de los partidos nacionalistas. Su enmienda no pudo ser discutida el pasado jueves por el veto de PNV, BNG, CiU y PP a las cuentas en el Senado. Hoy se abre otra oportunidad en el pleno a las enmiendas. Si el rechazo a los presupuestos permanece, las cuentas generales del Estado pasarán al Congreso y ya no se podrá incluir la enmienda.

Falta de acuerdo

Las políticas activas del Inem son la intermediación y colocación en el mercado de trabajo, el fomento del empleo, la contratación laboral, la formación continua y la profesional. Las políticas pasivas son las prestaciones, el dinero que pagan los trabajadores para realizar las primeras. Euskadi aspira a todas y la Administración central sólo quiere transferir las primeras. Euskadi, Ceuta y Melilla son las únicas comunidades autónomas que no tienen transferidas las políticas activas. Actualmente en Euskadi, la falta de acuerdo entre las administraciones central y vasca ha creado una situación singular de duplicidad de servicios que en ocasiones confunden al ciudadano.

El modelo vasco de formación continua está en proceso de transición, tal y como ocurre en el resto de España. De hecho, este año se ha realizado una convocatoria de última hora solamente destina a empresas. Al mismo tiempo, el Departamento de Educación negocia con los sindicatos y la patronal un modelo de formación continua vasco que pueda vivir al margen del modelo estatal, aunque desean un acuerdo. Este modelo establece unos límites. El primero otorga la prioridad absoluta de dirigir la formación continua a las pequeñas y medianas empresas (pymes), que representan el 95% del tejido empresarial vasco y, según Arévalo, son las que más dificultades tiene en acceder.

Detectar las necesidades

El segundo de los requisitos es la detección anticipada de la necesidades, algo que creen que ya se realiza bastante bien tras nueve años de funcionamiento de Hobetuz. El tercer condicionante es "garantizar la calidad de la formación". Por este motivo exigen que todos los centros sean homologados. Este aspecto es criticado por los sindicatos CC OO y UGT y la patronal Confebask, que cuentan con centros propios de formación.

El cuarto eje del plan del Gobierno es la eficiencia y el control: comprobar que los cursos que se imparten tienen utilidad y dan respuesta a las necesidades del mercado de trabajo.

La formación continua tiene tres patas: la de empresa, que imparte cada compañía en función de sus necesidades; la de reciclaje, que cada trabajador puede recibir donde quiera, siempre que sea en un centro homologado, y la basada en el sistema de cualificaciones, de formación reglada.

Los fondos con los que cuenta Hobetuz proceden del Fondo Social Europeo (nueve millones de euros por año hasta 2007) y los que ponga la Administración vasca (ocho millones en 2003).