La financiación de la investigación universitaria

Los días 25 y 26 de noviembre se reunió el Plenario de la Sectorial de I + D + i de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas para debatir, entre vicerrectores de investigación y representantes políticos, los temas más candentes de la investigación universitaria. En este plenario, se ha formalizado la interlocución con los nuevos responsables de investigación del Ministerio de Educación y Ciencia, quienes han expuesto la línea de continuidad de algunos programas (proyectos de investigación, beca, contratación de doctores, etc.) y la intención de poner en marcha nuevas iniciativas que, en general, implican la colaboración y la cofinanciación de las Comunidades Autónomas: renovación de instrumental científico, incentivación de la estabilización de investigadores cualificados, apoyo a la dedicación intensiva a la investigación.

De entre todos los temas tratados, destaca uno, que es el origen de la mayor parte de males que aquejan a la investigación universitaria española: su financiación. En efecto, la investigación española presenta niveles de financiación bajos: un 1,1% del PIB en España, tras un aumento heroico de centésimas en el último año. Muy lejos del 3% que planteaba la Unión Europea como cifra mágica para el 2010, y aún más alejado de Suecia, Finlandia, Estados Unidos o Japón, e incluso de nuevos países de la Unión como Eslovenia o Chequia.

No debemos olvidar que las universidades, a pesar de que desarrollan la mayor parte de la investigación de este país, siguen siendo consideradas, de manera casi exclusiva, centros docentes. Los Planes de Financiación se suelen diseñar de manera predominante o exclusiva a partir de criterios docentes, es decir, según el número de alumnos matriculados. Ello hace que la investigación se deba financiar en gran medida con proyectos de investigación, contratos o convenios, que, como muchos estudios han demostrado, no cubren los gastos reales que implican. Dichos gastos se calculan entre el 20% y el 30% de los recursos externos obtenidos, de acuerdo con el grado de experimentalidad del área de conocimiento.

A la insuficiencia de financiación, hay que sumar la naturaleza del dinero dedicado a la investigación y sus condiciones de ejecución. Como es sabido, el dinero dedicado a los proyectos de investigación del Ministerio de Educación y Ciencia procede en buena medida de Fondos Feder (¿qué pasará en el cercano 2006?). Eso implica que se trata de anticipos reembolsables, es decir, el dinero de Europa se recibe cuando el proyecto está finalizado y en el caso de que se considere justificado hasta el último céntimo en un proceso económico-administrativo de gran complejidad. Así, el anunciado incremento de los costes indirectos de los proyectos del Ministerio, del 15% al 19%, tan aplaudido por las universidades, podría ser insuficiente para cubrir los gastos de gestión y de auditoría que se suman a la presión burocrática que ahoga la investigación en nuestro país.

Por otro lado, España cuenta con una Ley de Subvenciones, pensada para otras finalidades, que dificulta e incluso impide una ejecución ágil de los presupuestos de investigación, ya que los considera al mismo nivel que cualquier otro tipo de subvención.

En este contexto, las universidades abogan por un reiteradamente demandado Pacto por la Ciencia que, citando literalmente el comunicado del Plenario, "mejore el escenario institucional y favorezca el aumento de los recursos a la I+D+i española". Dicho comunicado establece como primera preocupación de la Sectorial la "creación de un fondo de apoyo a la investigación en todos los planes de financiación de las universidades, que obedezca al cumplimiento de objetivos científico-tecnológicos".

Y todo ello se fundamenta en la idea de que la investigación es un bien de interés social, independiente del color político de los gobernantes, y que las universidades son centros docentes e investigadores: la docencia universitaria lo es realmente en la medida en que sus enseñanzas tienen detrás el sello de calidad y actualización constante de la investigación científica. Y si estamos de acuerdo en eso, la financiación de las universidades debería reflejarlo, asignando fondos específicos en concepto de investigación y transferencia de tecnología, de manera que se incrementen los escasos recursos dedicados a la I+D+i y se produzca una mejora sustancial en la calidad y cantidad de la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación.

La RUVID es la Red de Universidades Valencianas para el Fomento de la Investigación, el Desarrollo y la Innovación.