La segunda intentona

EL CONGRESO sancionó el pasado jueves -en segunda vuelta-, por 197 votos contra 137, la reforma del artículo 127 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), que eleva la mayoría necesaria para nombrar a los magistrados del Supremo y a los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia: desde la mitad más uno de los 21 miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) hasta los tres quintos. Una votación anterior, celebrada el 25 de noviembre, fracasó por la inasistencia de 35 diputados favorables en teoría a la reforma: el respaldo de la Cámara (169 escaños frente a 124) no alcanzó la mayoría absoluta requerida por las leyes orgánicas. La vía que había elegido el Gobierno para tramitar la norma dificultaba la repetición de la votación, prevista por el artículo 131.2 del Reglamento de la Cámara siempre que el proyecto sea dictaminado en comisión; el procedimiento de lectura única ante el Pleno aplicado a la LOPJ hizo necesario que el Gobierno aprobara una fotocopia exacta del proyecto de ley derrotado el 25 de noviembre a fin de enviarlo de nuevo a las Cortes y promover así una segunda votación reglamentaria.

El PP utilizará su minoría parlamentaria de bloqueo en el nombramiento de los órganos constitucionales para prorrogar indefinidamente el mandato del actual órgano de gobierno de la magistratura

La tramitación de la reforma de la LOPJ aún no ha terminado. La encastillada posición del PP en la Cámara Alta -a cuatro escaños de la mayoría absoluta- no deja a los senadores partidarios del proyecto otra salida que cumplir con sus deberes de puntualidad y asistencia. Pero el accidentado viaje en pos de la modificación parcial de las reglas de funcionamiento del CGPJ no llegará a su destino final cuando la ley sea publicada en el Boletín Oficial del Estado. Con gesto apocalíptico y sobreactuada oratoria, el portavoz Astarloa anunció a los diputados que el PP enviará al Constitucional -una vía muerta a corto plazo- la "cacicada procedimental" y la "patraña incomprensible" perpetradas por el Congreso. Para no quedarse atrás en la truculenta subasta de hipérboles catastrofistas, el eurodiputado Luis de Grandes -durante ocho años disciplinado portavoz del PP en el Congreso- ha denunciado la reforma de la LOPJ como un atentado a la independencia del poder judicial ("un misil en la línea de flotación de la separación de poderes") que "rebasa el ámbito de la competencia nacional" y "afecta a la médula de la Carta Europea de Derechos Fundamentales".

Aunque la condición impuesta por el artículo 151 del Reglamento del Congreso para el trámite de lectura única (la "simplicidad de formulación" de los proyectos) cuadra con la reforma de la LOPJ, forzoso es reconocer que los novillos de una treintena de diputados en el Pleno del 25 de noviembre y los contradictorios movimientos emprendidos por el Gobierno para salvar la situación creada han contribuido a esparcir la confusión y a sembrar las dudas -sinceras o simuladas- sobre la legitimidad de su causa. El protagonismo ligeramente pomposo, algo arcaico y bastante egocéntrico del presidente del Congreso durante el bizantino debate sobre la interpretación del reglamento tampoco ayudó a despejar las interrogantes en torno a la corrección del procedimiento. La insidiosa labor encizañadora del PP en este ámbito ha sido un ejercicio de mala fe: las soluciones dadas a los problemas por la mayoría de la Mesa del Congreso se situaban dentro de límites razonables.

El anuncio de que el Grupo Popular boicoteará como represalia (mediante su minoría parlamentaria de bloqueo en el nombramiento de los órganos constitucionales) cualquier renovación del actual CGPJ -cuyo mandato vence a finales de 2006- no es sólo una promesa de inmortalizar el statu quo. El chantaje pone de manifiesto la impía alianza política entre el Partido Popular y la actual mayoría del CGPJ, formada por los 10 vocales designados hace tres años a propuesta del PP y completada por el presidente Hernando, que ha traicionado su papel constitucional como instancia arbitral y se ha convertido en una ruidosa versión curialesca de Manolo el del Bombo. Las discusiones -legítimas en si mismas- sobre las formas procesales no deben ocultar el fondo del problema: la mayoría cualificada requerida para elegir a los magistrados del Supremo es una garantía de la independencia y la autoridad del tribunal.