Más de 18.000 opositores concurren a las pruebas a auxiliar administrativo anuladas por el Gobierno

El presunto fraude en las oposiciones a auxiliar administrativo vive mañana un nuevo episodio. Los 18.400 aspirantes repiten los exámenes debido a la anulación de los que realizaron en mayo tras constatarse entonces una supuesta filtración de preguntas. La Comunidad dice haber tomado ya medidas "para evitar que se pueda repetir esta situación en el futuro". Mientras tanto, la fiscalía continúa investigando qué ocurrió.

Han pasado siete meses de incertidumbre sobre su futuro inmediato. Los 18.400 aspirantes a ocupar una de las 364 plazas de auxiliar administrativo de la Comunidad de Madrid que se examinaron los días 8, 9 y 12 del pasado mayo tienen la posibilidad de repetir mañana, domingo, dichas pruebas, y no por capricho. Los exámenes hubieron de ser anulados en julio cuando la Dirección General de la Función Pública reconoció tras múltiples estudios que los indicios de fraude en las pruebas, denunciados al poco de celebrarse, tenían visos de verosimilitud.

Las pruebas se realizarán mañana a partir de las 11.00 para los aspirantes del turno libre en distintas facultades de las universidades Complutense y Politécnica, en sus campus de la Ciudad Universitaria y Somosaguas. La EMT fletará un servicio especial de nueve autobuses que comuniquen el campus de Pozuelo de Alarcón a partir de las 8.00.

Función Pública ha organizado un dispositivo para garantizar "el transcurso normal de las pruebas", ante las amenazas de boicoteo lanzadas por Internet por parte de los que se oponen a su repetición. Así, 700 funcionarios estarán presentes en las aulas como "cuidadores". Fuera de las facultades habrá "presencia policial" para garantizar la seguridad y evitar incidentes.

La repetición de los exámenes es el resultado de una historia que comenzó el primer día de las oposiciones. El pasado 8 de mayo por la tarde, una persona oculta bajo el seudónimo de beatben12 hizo preguntas sobre los exámenes en un foro de Internet donde solían encontrarse los aspirantes. La misteriosa comunicante pretendía haber hecho los exámenes ese mismo día, por lo que quería comprobar su resultado. La sorpresa vino cuando profesores de academias y alumnos se percataron luego de que las supuestas dudas de esa opositora eran preguntas literales de pruebas de días posteriores.

Anomalía estadística

Comenzaron las denuncias, siguieron las investigaciones de Función Pública y los interrogatorios a los testigos, tras lo cual, la Comunidad pretendió anular tan sólo las preguntas presuntamente filtradas, a pesar de que correspondían a distintos llamamientos. Entonces se realizó una prueba estadística que se reveló crucial: un estudio en profundidad de las notas de los examinandos comprobó que 70 de ellos habían respondido correctamente a todas las preguntas teóricas del examen, sextuplicando el porcentaje de aspirantes excelentes de convocatorias anteriores. 70 fuera de serie frente a 9 en 2003 y 7 en 2002.

Es decir, en las convocatorias previas, menos del uno por 1.000 de los que concurrían no fallaron una pregunta, mientras que en la convocatoria del pasado mayo el porcentaje se multiplicó por tres. Si a esto se une que la dificultad del exámen de mayo fue mucho mayor que en 2003 (18 respuestas correctas de media frente a 10 el año anterior), el número de dieces multiplicaba por seis el de 2003. "Se trata de una distorsión estadística cuando menos anómala", según reconoció entonces el Gobierno regional.

A partir de ahí, crece el escándalo. El PSOE e IU se enfrentaron al PP en la Asamblea blandiendo el asunto y se crearon plataformas a favor y en contra de la anulación. Finalmente, Función Pública decide en julio aconsejar al tribunal calificador que anule el ejercicio. Éste lo hizo y sus miembros dimitieron; todos menos uno de ellos, José Manuel Blázquez Blanco, que continuó en el nuevo tribunal creado. El director general de Función Pública, Miguel Ángel López, afirma que "Blázquez dijo que no debía irse del tribunal porque consideraba que no había cometido delito alguno; además, no ha sido recusado por nadie".

Como quiera que sea, López dice haber aprendido de una experiencia "durísima", y para evitar "al máximo" que el presunto tongo pueda volver a ocurrir, la Comunidad elegirá a los tribunales por sorteo. El apellido de los miembros del presente tribunal comienza por "N" excepto el del ya mencionado.

López afirma no saber nada de la investigación que realiza la fiscalía para determinar las posibles responsabilidades en este caso. En todo caso, asegura, "queremos llegar hasta el final en este asunto".

Desde ahora, los exámenes los redactará el presidente del tribunal. Además, se exigirá su presencia durante el fotocopiado (esta vez, lo ha hecho la empresa Tea-Cegos; el precintado y la custodia de los papeles del que se encarga la empresa de seguridad Seguritas, terminó el viernes a las 16.00). Y sobre todo, los exámenes se realizarán en un llamamiento, una de las reivindicaciones tradicionales de los opositores, todo "para intentar acabar de una vez con este tipo de situaciones tristes", dice López esperanzado.