El tribunal que juzga a Berlusconi se reúne para dictar sentencia

La política italiana pende de la Primera Sección Penal del Tribunal de Justicia de Milán. Su presidente, el juez Francesco Castellano, se reunió ayer con el resto de los magistrados para decidir la sentencia del caso Imi-Sir-Sme, que podría hacerse pública hoy mismo o el lunes. Los cargos se refieren a una presunta corrupción de jueces por parte del acusado, Silvio Berlusconi, para quien los fiscales piden ocho años de cárcel. El presidente del Gobierno ha hecho saber que, en caso de condena, recurrirá. Y convocará de inmediato elecciones, para que "sean los italianos quienes emitan su veredicto".

El caso Imi-Sir-Sme, procedente de una demanda civil originada por un conflicto comercial de 1988, es de una gran complejidad. Pero, en esencia, el tribunal milanés debe decidir sobre un soborno muy concreto. En 1991, el juez romano Renato Squillante recibió en una cuenta cifrada una transferencia de 434.000 dólares, procedente de otra cuenta cifrada propiedad de Cesare Previti, abogado de Berlusconi y ex ministro de Defensa. Previti ya fue condenado a 11 años de cárcel por corrupción simple. Previti, sin embargo, había recibido a su vez los 434.000 dólares pagados al juez de otra cuenta cifrada. Esa tercera cuenta era propiedad de Silvio Berlusconi. Los defensores del presidente del Gobierno, Nicoló Ghedini y Gaetano Pecorella, afirman que esta cuenta no era manejada por Berlusconi, sino por hombres de su confianza.

El juez Castellano tiene ante sí tres opciones. Una, la absolución, si considera que, en efecto, Berlusconi no sabía o incluso que nunca hubo corrupción, sino, como alegaron los defensores de Previti en el anterior proceso y los de Il Cavaliere hace un mes, "pagos fiscalmente opacos por asesoramiento jurídico". Dos, la prescripción del delito, si considera que Berlusconi merece atenuantes por el hecho de no haber sido condenado nunca con anterioridad. Tres, la condena, que implicaría prisión pero quedaría en suspenso si, como se prevé, el presidente del Gobierno presentara recurso ante un tribunal superior.