Derechos Humanos denuncia deficiencias en la atención sanitaria en las prisiones andaluzas

Los presos son uno de los colectivos más desatendidos en sus derechos. La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía denunció ayer las carencias en la atención sanitaria del sistema penitenciario, el cumplimiento de las condenas fuera del lugar de origen y la falta de programas de inserción posterior. La organización recordó que el 40% de los 13.000 presos que acogen las cárceles andaluzas tienen hepatitis C y un 20% son portadores de VIH. El presidente de la asociación, Rafael Lara, criticó la "perpetuación" de la pobreza y la marginación en Andalucía.

Virtudes García Acosta es la responsable del grupo de cárceles de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía. En vísperas del Día Internacional de los Derechos Humanos, que se celebra hoy, García ofreció un retrato del interior de las cárceles andaluzas, donde cumplen condena o prisión preventiva 13.000 personas, como un lugar donde "la vulneración de los derechos humanos es corriente".

Después de asegurar que el 90% de los presos son pobres, García señaló que la atención sanitaria "deja que desear" por la falta de personal médico especializado en el interior y por la dificultad de los presos para acceder a consultas de especialidades externas por la insuficiente dotación policial, que provoca la suspensión de citas. García aseguró que el 40% de los presos padecen hepatitis C, entre el 30% y el 40% tienen tuberculosis y un 20% son portadores de VIH. El 4%, aseguró, tiene sida.

La representante de Derechos Humanos pidió ayer la excarcelación de los reclusos que se encuentran en fase terminal y de los drogodependientes para ser tratados en centros terapéuticos. El 75% de los presos, según sus datos, tienen alguna drogodependencia. Virtudes García también criticó que la mitad de los presos andaluces cumplan condena fuera de centros de la Comunidad Autónoma, lo que dificulta el contacto con sus familias por la falta de recursos para costear los desplazamientos. Según Derechos Humanos, el 90% de los presos son "pobres".

Por su parte, Miguel Santiago, coordinador andaluz del grupo de marginación de la organización, aseguró que están indagando si en cinco centros de reforma juvenil, de régimen cerrado, se han registrado casos de malos tratos. Santiago, que no aportó más detalles, dijo que más de 60 niños habían contactado con Derechos Humanos por escrito para quejarse de la situación de cinco centros.

La organización pidió un informe a la Consejería de Justicia y Administración Pública sobre la situación en los centros de Los Alcores, en Carmona (Sevilla), Tierras de Oria (Almería), La Marchenilla, en Algeciras (Cádiz), Las Lagunillas (Jaén) y La Jara, en Alcalá de Guadaíra (Sevilla). "Son cinco centros que nos preocupan", indicó Santiago. Unos 700 menores, apuntó, cumplen medidas judiciales por alguna infracción o delito en Andalucía. Santiago defendió el éxito de iniciativas como la mediación penal con menores que se desarrolla en Sevilla y Córdoba.

Sobre el sistema de protección, Miguel Santiago censuró la "confusión" entre desamparo y situación de riesgo. Este es el origen, en su opinión, de las retiradas de numerosos menores que podrían permanecer con sus familias si se adoptaran medidas de apoyo. "Pedimos que los servicios sociales se impliquen y no fiscalicen", reclamó. El presidente de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, Rafael Lara, lamentó que "la perpetuación" de la pobreza y marginación en Andalucía. "No se trata de la falta de recursos, si no de las prioridades", censuró. Lara también criticó las medidas del nuevo Gobierno socialista en materia de inmigración, al considerar que no ha dado un "giro" a las desarrolladas con anterioridad por el PP. "Las políticas de más control de fronteras producen más muertes", dijo. Este año han muerto 204 personas que trataban de llegar a España de forma clandestina.