Violencia en zonas de copas

Las agresiones sufridas este fin de semana en Malasaña por los agentes de policía encargados de vigilar el cumplimiento de la ley en las zonas de copas no son nuevas, llevan años produciéndose, y eso lo conoce el inspector jefe de policía, como también conoce que los locales de ocio nocturno y el botellón actúan en la más absoluta impunidad, por algo muy sencillo: ni por asomo hay dotación policial suficiente ante los problemas que se producen en estas zonas de ocio, y así lo denunciaron los propios responsables policiales en el Consejo de Seguridad del Distrito Centro.

Esa impunidad también tiene graves repercusiones para los vecinos que viven en esas zonas, que ven cómo sus derechos fundamentales se ven pisoteados a diario y así lo confirman algunas sentencias judiciales, tanto en nuestro país como especialmente el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, que califica la actitud de nuestro país en este problema como de pasividad.

Es en estas zonas de copas donde se produce, con diferencia, el mayor número de denuncias ciudadanas, según datos del Ayuntamiento de Madrid

El salvajismo y desprecio por lo público de unos pocos tampoco puede hacernos olvidar que los jóvenes también son víctimas de este modelo de ocio de concentración y consumo, donde no existe libertad de elección, puesto que se obstaculiza cualquier propuesta de ocio alternativo.

Mientras tanto, cada día se consume más y desde más temprana edad alcohol y otras drogas como oferta única y, por ende, se les obliga a tener que desplazarse a las zonas de ocio, con las graves consecuencias que los accidentes de tráfico tienen sobre los jóvenes. Hay que recordar que los parlamentos son los depositarios de la soberanía popular en un Estado democrático de derecho y de éstos surgen las leyes que han de hacer cumplir los ayuntamientos y los tribunales de justicia, y cuando esto no ocurre se quiebra el fundamento del Estado democrático de derecho y convierte de hecho estas zonas de copas en territorios de exclusión democrática, puesto que donde no se cumple la ley, no existe. Las gravísimas consecuencias que este modelo de ocio tiene para la salud y otros muchos derechos fundamentales para millones de personas en nuestro país no puede ocurrir si no es por la impunidad con la que operan los locales de ocio nocturno y los enormes intereses económicos que se mueven en la noche. Sólo la implicación de todos los actores sociales, la reconversión del ocio nocturno y la voluntad política pueden acabar con la impunidad y las "víctimas de la noche".