El Gobierno pone en marcha en solitario el referéndum europeo tras la ruptura del PP
Zapatero participará activamente en la campaña que prepara su partido
El Gobierno ha decidido no esperar más y ha preparado el diseño de la campaña del referéndum de la Constitución europea sin contar con el PP. La vicepresidenta primera del Ejecutivo, María Teresa Fernández de la Vega, y el líder del PP, Mariano Rajoy, acordaron hace un mes los términos de la consulta al Tribunal Constitucional para que éste aclare si será necesaria una reforma de la Norma Fundamental española para adaptarla a la Carta europea. Gobierno y PP también pactaron la fecha del referéndum (20 de febrero) y la pregunta. La Moncloa pretendía ir más allá y consensuar con el primer partido de la oposición la campaña institucional. Ha chocado con la pasividad de los populares, reafirmados en una estrategia de confrontación.
La Moncloa buscaba el consenso. En el diseño inicial de la campaña institucional del Gobierno figuraba incluso la posibilidad de que el presidente del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, y el líder PP, Mariano Rajoy, participaran en un acto conjunto pidiendo el sí a la Constitución europea. Pero desde que Rajoy anunció hace quince días la ruptura de la colaboración institucional con La Moncloa, tras la acusación del ministro de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, de que Aznar apoyó el golpe de Estado contra el presidente venezolano, Hugo Chávez, en abril de 2002, los contactos para preparar la campaña del referéndum se han congelado. El PP da evidentes muestras de pasividad.
Se produce el agravante, según fuentes del Gobierno, de que tanto el portavoz del PP en la Comisión de Exteriores del Congreso, Gustavo de Arístegui, como el propio Rajoy han desautorizado como interlocutor a Moratinos, que fue quien pactó con el PP y los demás partidos la fecha y la pregunta del referéndum. "Con qué autoridad moral le va a pedir su ministro de Exteriores a millones de españoles que apoyen la Constitución europea", llegó a decirle Rajoy a Zapatero el 1 de diciembre. En esta línea, los populares intentarán reprobar a Moratinos la próxima semana en el Congreso.
La última reunión
La ausencia de contactos institucionales es tal que el último acuerdo sobre el referéndum se produjo hace dos semanas en la Comisión Constitucional, con participación de todos los grupos: el Gobierno enviará a los ciudadanos papeletas y sobres con todas las respuestas legales.
Los socialistas temen ahora que el PP, sin cuestionar públicamente el voto afirmativo en el referéndum, utilice vías mediáticas afines para lanzar un mensaje contradictorio al oficial, con el objetivo de desestabilizar al Gobierno, al que perjudicaría un mal resultado en esta consulta popular.
En este sentido, sospechan del alcance de la estrategia de confrontación en la que se ha instalado del PP. "No quiero ni pensar que el PP no vaya a apoyar el sí a la Constitución europea; espero que de las dos almas que parece que existen en ese partido sea mayoritaria y vencedora la europea", afirma Alfonso Perales, responsable de Política Institucional del PSOE.
En todo caso, el Gobierno ha decidido que no puede estar a la expectativa de las variaciones de opinión en el PP y ha optado por preparar sin más demora el diseño de la campaña, ya que sólo faltan 75 días para el referéndum.
La Moncloa calcula que el Consejo de Ministros del 14 de enero hará oficial la convocatoria. Previamente necesita que un pleno del Congreso autorice su celebración de la consulta, lo que sucederá antes de fin de año o, alternativamente, en un pleno extraordinario en enero. La celebración de este pleno está condicionada, a su vez, a que el Tribunal Constitucional dictamine si la vigencia de la Constitución europea requiere una reforma de la Norma Fundamental española.
Más allá del calendario, el Gobierno apuesta por una campaña institucional de "carácter neutral, sin protagonismos políticos y sin ningún elemento de confrontación".
El primer tramo de la campaña, que abarcará la primera mitad de enero, será divulgativa y se plasmará en vallas, cuñas radiofónicas y anuncios televisivos sobre los principales artículos de la Constitución europea. "No se pedirá el voto, no saldrá ningún político y ni siquiera se dirá que hay un referéndum", señalan en La Moncloa. El segundo tramo de la campaña institucional, ya en la segunda quincena de enero, consistirá en un envío masivo de ejemplares de la Constitución europea a los ciudadanos, tarea en la que colaborarán los medios de comunicación.
Las ideas fuerza de la campaña que maneja La Moncloa son "Europa nos mira", "A España le va muy bien con Europa" y "La Constitución europea amplía los derechos de los españoles a 25 países". Los distintos departamentos del Gobierno aportarán datos propagandísticos como que "cuatro de cada diez kilómetros de carretera están financiados con los fondos europeos" o que "cada año se crean en España 298.000 empleos anuales gracias a la contribución de los fondos estructurales europeos".
Dentro de esta campaña institucional, el principal acto político no será un mitin, sino un encuentro cívico, de carácter previsiblemente académico, que se celebrará en Barcelona con la participación del presidente de la República francesa, Jacques Chirac; el canciller alemán, Gerhard Schröder, y el presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero. La Moncloa pretende que a ellos se sume el primer ministro italiano, Silvio Berlusconi. Este acto se acordó en la cumbre tripartita celebrada en Madrid en septiembre pasado.
A su vez, Zapatero hará una campaña de bastante intensidad.Se ha comprometido con su partido a volcarse, dentro de las limitaciones de su agenda. Participará en seis o siete mítines organizados por el PSOE en la recta final del 20-F. Esta intensidad aparece estrechamente ligada a las dudas que el Gobierno y PSOE tienen sobre el comportamiento del PP ante este referéndum.
Fuentes socialistas recuerdan que Rajoy, en el primer acto del PP a favor de la Carta europea, anunció el sí de su partido pero de inmediato descargó su ironía: "El Gobierno ha decidido que también haga campaña Gran Hermano", dijo en alusión a este programa de televisión en el que los concursantes defienden la Constitución europea. El auditorio rió con ganas y precisamente la introducción de la burla al Gobierno junto a la petición del sí es lo que hace temer al PSOE que muchos votantes del PP puedan sentir la tentación de no ir a votar para castigar al Gobierno de Zapatero.
Con este panorama, los socialistas estiman que les corresponde hacer el máximo esfuerzo habida cuenta de que en su programa electoral figuraba la defensa del referéndum, que también reclamó el PP. Además, Zapatero tiene un empeño especial en demostrar a los socios de la Unión Europea que los españoles apoyarán con holgura esta Constitución. Él ha querido, precisamente para este fin, que España sea el primer país que celebre el referéndum. Otros Estados ratificarán el Tratado en sus propios Parlamentos, como ya ha hecho Lituania, sin consulta directa.
El recuerdo de la OTAN
"El PP se va a poner de lado aunque formalmente pida el sí y, por tanto, nunca nadie le podrá acusar de que no ha pedido el apoyo a la Constitución", señala un miembro del comité del PSOE que ha diseñado para este referéndum el secretario de Organización, José Blanco. Los interlocutores socialistas recuerdan con preocupación que en el referéndum de la OTAN, en 1986, la derecha española, entonces Alianza Popular, dirigida por Manuel Fraga, propugnó la abstención, lo que provocó estupor en los Gobiernos y fuerzas conservadoras europeas.
"Nosotros, el pecado de 1986 por la abstención en la OTAN ya lo purgamos", se adelanta al reproche el portavoz parlamentario de Exteriores del PP, Gustavo de Arístegui, diplomático y convencido europeísta. Pero los socialistas temen realmente que la actitud crítica en la que se ha instalado el PP no favorezca la participación en la consulta de la Constitución europea. Procurarán mirar para otro lado y proclamarán la unidad de criterio que hay en ambas formaciones respecto a la Carta europea.
Los socialistas asumen, en todo caso, que les corresponde realizar el máximo esfuerzo para que los ciudadanos vayan a votar y la consulta no resulte una catástrofe, toda vez que hay un empeño muy personal del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en demostrar al resto de los miembros de la UE que los españoles serán los primeros en ratificar el nuevo Tratado.
Otro inconveniente será que los partidos carecen de dinero para esta campaña. Todavía los grupos minoritarios siguen insistiendo al PSOE para que convenza al PP a fin de arbitrar alguna fórmula que les permita tener financiación. Zapatero preguntó en septiembre a Mariano Rajoy si estaba de acuerdo en cambiar la ley de financiación para que en este tipo de consultas los partidos pudieran tener aportaciones económicas estatales, al igual que las tienen en las elecciones. La respuesta de Rajoy fue un no rotundo, y ahí se cerró para siempre el asunto.
Otro bache con el que se encuentra el PSOE es la actitud de los partidos que apoyan generalmente al Gobierno. Tanto IU como ERC, y también BNG y EA, son partidarios del no a esta Constitución. Aquí también encuentra el PP un argumento para arremeter contra el Ejecutivo y aconsejarle que se preocupe de sus "socios" y no tanto del primer partido de la oposición.
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