La juez de Orihuela se inhibe del 'caso Cartagena'

La titular del Juzgado número 4 de Orihuela ha acordado devolver a su homólogo del juzgado número 6 de Alicante la causa abierta a Luis Fernando Cartagena, ex consejero de Obras Públicas, del PP, por su implicación en el caso conocido como las primas únicas del Banco Santander -suscripción de fondos de nuda propiedad, cuya finalidad es asegurar la opacidad fiscal de la operación-. El acuerdo de la magistrada, por un "defecto procesal", se produce apenas un mes después de recibir los 14 volúmenes del sumario y tras un dictamen del ministerio público.

El también ex alcalde de Orihuela suscribió las primas únicas con el entonces Banco Santander los años 1987 y 1988. El volumen final de la operación ascendió a dos millones de euros y la deuda fiscal de 310.00 euros. La investigación judicial por este presunto delito de fraude fiscal, en el que está implicada la cúpula directiva de la entidad bancaria, la inició en 1992 Miguel Moreiras, titular del Juzgado Central número 3 de la Audiencia Nacional.

Entre los titulares de las cesiones de créditos figuraba el ex alto cargo del PP. La Audiencia Nacional separó el caso Cartagena del sumario general ya que la supuesta deuda fiscal imputada a éste no superaba los 450.000 euros y la competencia correspondía a un juzgado de Alicante. Cuando la actual responsable del sumario general, la magistrada Teresa Palacios, ya ha dictado auto de apertura de juicio oral contra los 28 procesados, los juzgados de Alicante mantienen abierto el debate sobre la competencia de la causa de Cartagena.

Petición de indulto

Posteriormente a este caso, Cartagena fue condenado a cuatro años de cárcel por malversación de fondos. El ex consejero ha solicitado el indulto para eludir la cárcel. La juez de Orihuela considera que si el juzgado de Alicante no se consideraba competente debió de comunicar su resolución a la Audiencia Nacional, "y no remitir el procedimiento a su partido judicial [el de Orihuela], por lo que estima que se ha producido un defecto procesal", precisa una nota remitida por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ). Con su decisión, según fuentes del alto tribunal, la magistrada prevé evitar una posible nulidad de las actuaciones.

El PSPV de Orihuela, que espera conocer el juzgado competente para ejercer la acusación popular, rechazó el acuerdo de la magistrada de Orihuela. "Es el colmo jurídico de una situación absurda que se repite hace casi 15 años. Jurídicamente, es obvio que la competencia corresponde a Orihuela. Y así lo entiende la Audiencia Nacional al remitir la causa al lugar de origen", afirmó ayer Francisco García Ortuño, secretario general del PSPV oriolano. Los socialistas sostienen que la suscripción de los fondos podría estar relacionada con la adjudicación de la contrata de basuras de Orihuela a la firma Cubiertas y Mzoz, ahora Necso.