Un español preso en Bolivia, acusado del asesinato de una fiscal

La Fiscalía de la ciudad boliviana de Santa Cruz de la Sierra ha presentado formalmente la acusación contra Javier Villanueva Martino, el ciudadano español encarcelado en ese país suramericano desde finales de abril. Hugo Iquise, uno de los fiscales encargados de la acusación, le responsabiliza de haber colocado una bomba en el vehículo de la fiscal Mónica von Borríes, quien falleció el 27 de febrero a consecuencia del atentado. Villanueva, que nació en Sevilla hace 27 años, se enfrenta a una pena máxima de 30 años de cárcel, según el Código Penal de Bolivia.

El fiscal Iquise siempre ha mantenido que Villanueva formaba parte de una organización criminal que atentó contra Von Borríes. Esta organización estaría encabezada por Marco Marino Diotato, italiano y actualmente prófugo, quien habría sido, según la acusación, el encargado de accionar el artefacto que acabó con la vida de Von Borríes. El grupo lo completarían el español y tres miembros más que inculpan a Villanueva y a los que la fiscalía acusa de ser cómplices del asesinato.

El ciudadano español siempre ha defendido su inocencia y ha acusado a la policía boliviana de haberle torturado. El padre del acusado, Francisco Villanueva, dijo ayer desde Bolivia que la acusación presentada el lunes por Iquise cumple con "la amenaza" que les hizo la DEA (la agencia estadounidense encargada de la lucha contra el narcotráfico). Ésta, que tiene varios agentes destacados en Santa Cruz y ha participado en la investigación, ha ofrecido en varias ocasiones a la familia de Villanueva la posibilidad de cumplir una pena de dos o tres años en España a cambio de que les dijera todo lo que supuestamente sabe de Diodato. "Nos dijeron que si firmábamos se podría ir", afirmó ayer el padre del sevillano; "nos negamos y han cumplido su amenaza".

En las próximas semanas, la Corte de Distrito de Santa Cruz establecerá la fecha del juicio oral. El padre del acusado duda de que el proceso ofrezca las garantías suficientes, y pide la intervención del Ministerio de Asuntos Exteriores.