Las urgencias del Gobierno ante los cambios del Supremo

Cuando el PSOE llegó al Gobierno, en abril pasado, los nombramientos de jueces para el Tribunal Supremo que decidía el Consejo General del Poder Judicial ya eran motivo de un fuerte enfrentamiento entre la mayoría conservadora de ese órgano (los 11 vocales elegidos a propuesta del PP) y la minoría progresista (siete vocales apoyados por el PSOE).

Los vocales progresistas denunciaban desde hace tiempo que los conservadores copaban con sus candidatos hasta extremos insoportables los puestos que quedaban vacantes. Como ejemplo recordaban que las últimas cuatro vacantes que se habían producido en la Sala Segunda del Supremo, encargada, entre otras funciones, de juzgar los casos que afecten a miembros del Gobierno, la mayoría conservadora había impuesto a sus candidatos.

Pese a esta recurrente queja, el Gobierno socialista no presentó en sus primeros meses de mandato la reforma legal que obligaba a sumar una mayoría de tres quintos en el Consejo para aprobar los nombramientos de jueces. Lo hizo hace sólo mes y medio, con el calendario justo para que su entrada en vigor coincidiera con la renovación de hasta nueve puestos en el Supremo.

Ausencia de diputados

La tramitación en el Congreso de la reforma legal siguió el guión previsto, con el rechazo de la enmienda a la totalidad que presentó el PP solicitando la devolución del texto al Gobierno y con la votación del texto en lectura única. Fue aquí donde el Ejecutivo se estrelló debido a las ausencias de 18 parlamentarios socialistas, entre ellos, el presidente del Gobierno y cinco ministros. La reforma afectaba a una Ley Orgánica, por lo que necesitaba la mayoría absoluta de la Cámara (176 diputados). Ahora el Ejecutivo ha vuelto a aprobar un nuevo proyecto de ley. La comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial aprobó ayer por tres votos, de vocales propuestos por el PP, frente a dos de propuestos por el PSOE, pedir al Gobierno que remita al Consejo el proyecto de ley de reforma del nombramiento de altos cargos judiciales, para su informe. El acuerdo se someterá a ratificación del pleno.

Juan Carlos Campo, uno de los dos vocales de la minoría, consideró ayer "superfluo e innecesario" dicho informe, "ya que fue informado, como es preceptivo, el anteproyecto de ley, de idéntico contenido". Campo explicó: "La función del Consejo es contribuir a mejorar el proceso prelegislativo, que ya quedó concluido, sin necesidad de repetir el informe en pleno proceso legislativo, como en el que nos encontramos tras la remisión por parte del Gobierno del proyecto de ley a las Cortes".