El juez y el fiscal de la Operación Pipol no ordenaron investigar el origen de la Goma 2

Ni el titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Gijón, Juan Laborda Cobo, ni el fiscal encargado de la Operación Pipol ordenaron a la policía ni a la Guardia Civil que investigaran la procedencia de los 16 cartuchos de Goma 2 Eco y los 94 detonadores encontrados en el registro de un garaje alquilado por Antonio Toro Castro y José Emilio Suárez Trashorras en Avilés el 25 de julio de 2001. Sólo cuatro de los más de 3.500 folios de que consta la causa hacen referencia a los explosivos. Se trata del acta de registro del garaje, de una petición de los técnicos en desactivación de explosivos (Tedax) para deshacerse de ellos dado su "mal estado" y de un escrito del juez en el que autoriza su destrucción.

Las detenciones comenzaron el 21 de julio de 2001, cuando el imputado Francisco Javier Álvarez Sánchez transitaba por Navia (Asturias) en un coche con dos kilos de cocaína. La sorpresa llegó con el registro del garaje que tenían alquilado Antonio Toro Castro, José Emilio Suárez Trashorras y el fugado José Ignacio Fernández Díaz, El Nayo, en el número 5 de la calle de Eloy Fernández Calavera, en Avilés. La policía halló, además de 52 kilos de hachís, "16 cartuchos de dinamita industrial denominada Goma 2 Eco de una medida de 26 por 200 milímetros, y 94 detonadores eléctricos industriales sensibles por retardo de 500 milisegundos, con marca de fabricación UEB", según las actas policiales.

Dos días más tarde, el agente que custodiaba los explosivos envío un escrito al juez en el que aconsejaba su destrucción porque los cartuchos estaban "en mal estado y exudando bastante, por lo que sería conveniente su destrucción dada su inestabilidad. Por ello se solicita autorización para proceder a su destrucción". El magistrado autorizó el 6 de agosto -sin dar traslado a ninguna de las partes- a los Tedax a que procedieran a la "destrucción de los 16 cartuchos de dinamita y los 94 detonadores eléctricos intervenidos a Antonio Toro Castro". A partir de ahí, no hay más referencias a la Goma 2, salvo para decir que los tres detenidos que habían alquilado el local estaban procesados por tenencia de explosivos.

El fiscal tampoco pidió ninguna prueba pericial que determinara si existía algún indicio de tráfico ilícito de explosivos en Asturias, según varias fuentes del caso. La policía no investigó la procedencia de los explosivos, ya que, al dar traslado de los detenidos y del caso al juez instructor, dio por terminado su trabajo, salvo que el juez instructor pidiera nuevas pruebas. Juan Laborda nunca lo hizo, según el sumario, al que ha tenido acceso EL PAÍS. Es más, dejó a Trashorras en libertad tras oír su declaración. Toro pasó más de cinco meses en prisión provisional en la cárcel de Villabona. Fue puesto en libertad el 16 de diciembre de 2001.

Laborda confirmó en marzo al diario El Comercio, de Gijón, que "la procedencia de los explosivos no fue investigada porque el hecho delictivo se limitaba a la tenencia de esos explosivos". De hecho, en la lectura de derechos a los detenidos, la policía sólo habla del supuesto delito contra la salud pública (tráfico de estupefacientes).