Europa, proyecto de ciudadanía
Apenas dentro de tres semanas, el Consejo Europeo de la UE se reunirá en Bruselas para decidir sobre Turquía. Para entonces ya se habrá despejado la primera de las incertidumbres francesas sobre el actual momento de construcción europea: la opinión del Partido Socialista francés (PSE) sobre el Tratado Constitucional. Pasado mañana, los 120.000 militantes del PSE tendrán su particular referéndum sobre la Constitución. Un referéndum sobre otro: el que atañe a todos los ciudadanos franceses. No es preciso insistir en la importancia del voto de uno de los dos grandes polos de atracción política del país vecino, que ha protagonizado un intenso debate en su seno sobre el proyecto constitucional europeo. La otra incertidumbre es la opinión de los ciudadanos franceses sobre la entrada de Turquía en la UE; según un artículo publicado hace unos días por Valéry Giscard d'Estaing, el 64% de los franceses dice estar en contra de la misma.
Éste es un momento decisivo para el futuro europeo y la UE está abierta en canal. Tres asuntos se imbrican en la polémica de forma intensa: el debate sobre el tratado constitucional; la ampliación a 25, con lo que supone de reparto del dinero presupuestario en el periodo 2007-2013, y, más allá, el inicio de las negociaciones con Turquía, que trastocaría ese reparto; y, por último -y no precisamente lo menos importante-, el bienestar cotidiano de los ciudadanos, las estrategias para el crecimiento económico y la reducción del desempleo, los resultados de la cumbre de Lisboa y su compatibilidad con el Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC).
Del primero, la Constitución europea, ya se sabe: apenas gusta a nadie del todo y merece una división de opiniones. El primer secretario de los socialistas franceses, Francois Hollande, lo ha resumido bien: "La Constitución no impone un modelo. Dependerá de quién conduzca el proceso". Lo que menos se aprecia son las trabas que existen en el texto para futuras reformas constitucionales, lo que puede hipotecar los cambios a las generaciones venideras. Pero hay una coincidencia casi general en que es mejor una mala Constitución que una no-Constitución. En cuanto a las previsiones presupuestarias, la coyuntura no es buena. El principal país donante, Alemania, es acusado de superar el tope de déficit público que admite el PEC... por los países que siendo más ortodoxos reciben el dinero alemán. Los ministros de Finanzas de los Veinticinco acaban de llegar a un pacto por el que el presupuesto de la UE de 2005 no superará un 1% del PIB comunitario, por debajo de lo que quería la Comisión. Cantidad escasísima para profundizar en una Europa con más cohesión regional.
Respecto al bienestar ciudadano, son muy sugerentes las reflexiones hechas el pasado viernes por el comisario de Economía europeo, Joaquín Almunia, en unas jornadas sobre Alternativas al cambio social, organizadas en Zaragoza por la Fundación Alternativas e inauguradas por el presidente aragonés, Marcelino Iglesias (que presumió, con orgullo, de que Aragón es la comunidad autónoma española que más ha crecido en el último año). Según Almunia, Europa es hoy un proyecto de ciudadanía; para que interese a sus ciudadanos, es preciso que éstos se vean reconocidos en su bienestar, con unas políticas de crecimiento y reducción del paro. Pero eso no ocurre: Europa crece menos que EE UU, China, India, América Latina..., e incluso los países del centro de Europa crecen menos que los periféricos. Para que ello cambie se necesitan reformas -entre ellas las de un PEC que funciona a veces como represor del crecimiento- y, sobre todo, un liderazgo político que convenza a la ciudadanía de que esas reformas, por dolorosas que sean a corto plazo, son imprescindibles para recuperar el tren del crecimiento económico.
Después de cinco siglos, el dinamismo de la economía está trasladándose desde el Atlántico al Pacífico. Tan importante como la Constitución o la ampliación es que Europa reaccione y potencie su modelo económico.
