Más de 20.000 personas marchan en Tenerife contra un nuevo puerto industrial

Miles de manifestantes -20.000 según la información facilitada por la Autoridad Portuaria y 100.000 según los convocantes- tomaron ayer las principales calles de Santa Cruz de Tenerife para protestar contra la construcción de un puerto industrial en el municipio de Granadilla, al sur de la isla. Este proyecto, destinado al tráfico de contenedores, gas y carburantes, costará alrededor de 260 millones de euros, se asentará sobre 400 hectáreas y es, según Greenpeace, "la mayor actuación en el litoral costero de todo el Estado español".

La convocatoria fue organizada solamente por plataformas ciudadanas, grupos ecologistas (Greenpeace, Ben Magec-Ecologistas en Acción, Adena-WWF), sindicatos (CC OO e Intersindical Canaria) y partidos políticos sin representación parlamentaria (IU y Alternativa Popular Canaria). La marcha se convirtió en una auténtica manifestación antisistema para apoyar la paralización de este puerto industrial, pero también contra otras acciones urbanísticas en la capital de la isla, como la construcción de carreteras y, en general, contra el actual planeamiento de infraestructuras para los próximos años. "Narbona, no nos defraudes", "playa sí, cemento no", "no a puertos industriales y más escuelas y hospitales", eran algunos de los lemas que se corearon en la marcha.

Hace unas semanas se presentaron en el Parlamento 56.000 firmas de respaldo a una iniciativa legislativa popular contra el proyecto, que arrancó el miércoles al ser convocada, por parte de la Autoridad Portuaria de Tenerife, la licitación de las obras del dique de abrigo por 143 millones de euros.

Los partidos políticos Coalición Canaria, PP y PSOE en todas las instituciones locales, insulares, regionales y nacionales, las patronales empresariales y UGT han mostrado su aprobación a este proyecto, que modifica otro más antiguo. En el nuevo, los diques se reducen de cinco kilómetros a menos de dos kilómetros y la extensión será la mitad.

Este nuevo puerto prevé más de 50 medidas para minimizar el impacto ambiental de zonas protegidas como dunas de arena y rutas migratorias de tortugas. El Ministerio de Medio Ambiente ha asumido el segundo proyecto.