El PSOE pide al Tribunal de Cuentas que fiscalice toda la etapa del PP en Zona Franca

El PSOE va a solicitar al Tribunal de Cuentas que fiscalice la gestión de Miguel Osuna, del PP, al frente de la Zona Franca entre 2001 y 2004. La ejecutiva provincial socialista de Cádiz considera que las supuestas irregularidades no acabaron en febrero de 2001 con la dimisión del ex delegado Manuel Rodríguez de Castro y quiere que se investigue la gestión del PP en el recinto fiscal en sus ocho años de gobierno. "Estamos convencidos de que por acción u omisión las irregularidades continuaron" con Osuna, sostuvo ayer el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Cádiz, Rafael Román.

La petición del PSOE se producirá en la próxima convocatoria de la Comisión Mixta Congreso-Senado para el Tribunal de Cuentas, donde la senadora socialista por Cádiz María Jesús Castro reclamará la intervención de este órgano de control para analizar el primer informe sobre Manuel Rodríguez de Castro, que ya está firmado por el presidente del Congreso, Manuel Marín.

Este documento -que trascendió el pasado mes de marzo- denunció que el ex delegado de la Zona Franca gastó durante su mandato, entre 1997 y febrero de 2001, 606.000 euros de los fondos de este organismo en viajes, comidas, hoteles, regalos y asesorías mediante tarjetas de crédito sin que justificara su destino.

Debido a estas supuestas irregularidades, la Abogacía del Estado y la Fiscalía del Tribunal de Cuentas han denunciado recientemente al ex delegado en un doble procedimiento de enjuiciamiento contable y penal por varios supuestos delitos contables, al tiempo que le piden que devuelva íntegramente el dinero que gastó y no justificó.

Con todo, para el PSOE las irregularidades no acaban aquí. "Creemos que las irregularidades continuaron con Miguel Osuna porque no podemos entender que no denunciaran a Rodríguez de Castro no sólo ante la Fiscalía, sino directamente a los juzgados", dijo Román.

Contratos millonarios

En este argumento se basa el PSOE para pedir que el Tribunal de Cuentas actúe en una doble dirección: que amplíe la fiscalización al periodo 2001-2004 y, en segundo término, que analice los contratos millonarios de Rilco (filial de la Zona Franca) y, especialmente, uno de 4,2 millones de euros con Miami Free Zone para crear una red informática de comercio que no existe, según los técnicos de la Zona Franca.

Estos técnicos cuestionan en dos informes la forma que se empleó para contratar esta empresa porque incumplió numerosos puntos del pliego de condiciones. Miami Free Zone no presentó el preceptivo certificado de actividad de la Embajada de España y tampoco aportó referencias sobre su solvencia técnica, profesional y económica.No hubo recepción física de la oferta, sino por correo electrónico cinco días antes de que expirase el plazo del concurso público.

Destaca además que un contrato de esta cuantía se adjudicase a una empresa que por aquel entonces era una sociedad limitada con un capital social de sólo 1.000 dólares. Los primeros pagos a esta empresa los autorizó Manuel Rodríguez de Castro el mismo día que presentó su dimisión. Los últimos abonos los firmó Miguel Osuna, quien intentó romper este contrato, pero la Abogacía del Estado se lo impidió.

Miguel Osuna negó el pasado miércoles tener cualquier responsabilidad en las irregularidades denunciadas en este organismo. Asegura que no ocultó ningún escándalo de su antecesor Rodríguez de Castro ya que fue "el primero" en denunciarle ante la Abogacía del Estado por supuestos delitos contables y penales. Así las cosas, amenazó con una querella a Rafael Román si éste no rectifica las acusaciones contra él que el diputado socialista ahora ha reiterado. Asimismo, sostuvo que Rodríguez de Castro firmó contratos millonarios con empresas de Miami que "no servían para nada" y que su proyecto de Rilco era una "locura" y una "insensatez".

Por otra parte, según informó ayer La Voz de Cádiz, la Zona Franca ha ganado los primeros cuatro juicios a los antiguos propietarios y fundadores de la empresa Quality Food, propiedad ya del recinto fiscal gaditano. Con estas denuncias, los ex propietarios pretendían recuperar el control de esta sociedad dedicada a los servicios de alimentación y catering. Todas las sentencias han sido recurridas.