Reyes, sexos, lenguas

Después de largos años en los que el Partido Popular convirtió la intangibilidad de la Constitución en un formidable dogma político, el 14 de marzo Rodríguez Zapatero y el PSOE se alzaron victoriosos con un programa electoral que promete hasta cuatro reformas constitucionales: "Reforma del Senado, inclusión en la Constitución de la denominación oficial de las comunidades y ciudades autónomas, referencia a la Constitución europea y reforma de las normas de sucesión en la Jefatura del Estado para adecuarlas al principio de igualdad entre hombre y mujer". De todas ellas, sin duda la que concita mayor grado de consenso es la referida a las normas de sucesión en la Corona. Según el artículo 57 de la Constitución, "la sucesión en el trono seguirá el orden regular de primogenitura y representación, siendo preferida siempre la línea anterior a las posteriores; en la misma línea, el grado más próximo al más remoto; en el mismo grado, el varón a la mujer, y en el mismo sexo, la persona de más edad a la de menos". La preferencia por el varón ante la mujer en las normas de sucesión colisiona ciertamente con la igualdad ante la ley que proclama el artículo 14, según el cual nadie puede ser discriminado "por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra circunstancia personal o social", y esto lo ve así todo nuestro espectro parlamentario, que parece bien decidido a prestar su apoyo al Gobierno en este supuesto concreto de reforma para poner fin a un auténtico despropósito. (En este punto cabe notar, por cierto, que la reforma no deberá afectar sólo al artículo 57, sino también a todos aquellos en que se regula la figura del "Rey", dando por supuesta su condición de varón).

La determinación de adecuar las normas constitucionales de sucesión en la Jefatura del Estado al principio constitucional de igualdad plantea la oportunidad de revisar otros aspectos de la Corona que pueden ser mejorables dentro de los mismos parámetros constitucionales. Uno de ellos entronca muy bien con los propósitos manifestados por Zapatero antes y después de las elecciones como concreción de su apuesta por esa España plural "a la que la historia y la voluntad de los ciudadanos han enriquecido con sentimientos, lenguas, culturas y tradiciones distintas". Al término de sus vacaciones en Menorca, el presidente del Gobierno lo manifestó claramente: "Todas las lenguas de España han de ser defendidas porque todas son nuestras y porque son un valor que enriquece al país". Pues bien, siendo la Corona la más alta representación del Estado, "símbolo de su unidad y su permanencia", ¿por qué no empezar por ahí en la tarea de defender todas nuestras lenguas?

La actual preferencia constitucional por el hombre ante la mujer en las normas de sucesión a la Corona es del mismo tipo que la preferencia por el castellano ante las demás lenguas españolas que ha practicado y practica la Corona. Se podrá alegar que la Constitución no establece la igualdad de las lenguas como sí hace con los sexos, y que en cambio proclama la exclusividad del castellano como lengua española oficial del Estado. Pero no debería olvidarse que en el preámbulo de la Constitución la "Nación española", de la cual el Rey es el máximo representante, proclama su voluntad de "proteger a todos los españoles y los pueblos de España en el ejercicio de sus culturas y tradiciones, lenguas e instituciones"; ni que el artículo 3.2 establece la oficialidad de las lenguas diferentes del castellano en las comunidades autónomas respectivas, de modo vinculante para todos los poderes públicos; ni que el 3.3 fija un mandato de "respeto y protección" para el rico patrimonio lingüístico español que se supone dirigido también a la más alta institución del Estado.

En detrimento de estos principios y preceptos constitucionales, la apuesta exclusiva de la Corona por el castellano es clara. Dos ejemplos concretos bastarán. El primero es la página web de la Casa Real, que se puede consultar en castellano... y en inglés, pero en ninguna de las demás lenguas españolas. Contrástese esta página web con la de la Casa Real de Bélgica, que no sólo puede leerse en francés y neerlandés, sino también en alemán, una lengua que habla menos del 1% de los ciudadanos belgas. El segundo ejemplo es el enlace real entre el príncipe de Asturias y doña Letizia Ortiz, que se celebró exactamente como si el castellano fuera la única lengua de España. Ni siquiera hubo un rinconcito testimonial para el asturiano, lengua de una comunidad con la que ambos contrayentes mantienen vínculos evidentes. Contrástese una vez más esta boda con la del homónimo belga de don Felipe, en la que se utilizaron con plena normalidad las tres lenguas oficiales del país.

La perspectiva de una reforma constitucional que afectará a la Corona, unida a la perspectiva de una próxima sucesión en la Jefatura del Estado -que supondrá la entronización de un Rey libre de toda rémora franquista- constituye el momento adecuado para que la más alta institución del Estado adopte el pluralismo lingüístico y se convierta incluso en un modelo para otras instituciones. ¿En qué debería consistir la adopción del pluralismo? ¿Qué lenguas deberían afectar? Por lo que respecta a las lenguas, y dando por supuesta la presencia irrenunciable del castellano, habría que trazar una distinción entre las otras tres grandes lenguas de España, que además son oficiales en varias comunidades autónomas de acuerdo con sus estatutos (el catalán / valenciano, el gallego y el euskera), y otras lenguas más pequeñas que no tienen reconocida estatutariamente la condición de oficiales (el aragonés, el asturiano y el occitano del Valle de Arán). De modo realista, no todo lo que se reclame para el catalán / valenciano, el gallego y el euskera podrá ser concedido también a las demás lenguas, que sin embargo no deben quedar privadas nunca de los beneficios constitucionales del "respeto y la protección". ¿Y qué es lo que se reclama? Pues lo que en otras democracias plurilingües más avanzadas que la nuestra no constituyen sino obviedades: por ejemplo, que en sus alocuciones dirigidas a todos los españoles, los miembros de la familia real, empezando por el Rey, utilicen las cuatro lenguas; que en sus estancias en las comunidades autónomas pertinentes utilicen la lengua propia diferente del castellano de acuerdo con la legislación correspondiente (en el caso de Cataluña, el catalán debe ser la lengua "preferente" de la Administración del Estado, categoría en la cual cabría incluir a la Corona); que en sus relaciones con los ciudadanos y los organismos públicos y privados la Corona opte por la lengua oficial española escogida por éstos, etcétera. La política comparada, pero también un sentido ecuánime de justicia lingüística, pueden proporcionar un modelo detallado de cuál debe ser el comportamiento de la Corona en un Estado que ex constitutione se caracteriza por la pluralidad lingüística y en el que los poderes públicos tienen encomendada la misión de protegerla.

La objeción a estos planteamientos es la previsible. Si todos los españoles sabemos castellano y nos entendemos perfectamente en esta lengua, ¿qué necesidad hay de adentrarse en la senda del pluralismo lingüístico, políticamente arriesgada y económicamente costosa? Una vez más, la respuesta debe ser clara. Las llamadas al pluralismo lingüístico no pretenden resolver problemas de comunicación; pretenden resolver problemas de reconocimiento: una cosa es que todos los españoles sepamos castellano y otra muy distinta que el castellano sea la lengua propia de todos los españoles. Los españoles que sabemos perfectamente el castellano, pero no lo consideramos nuestra lengua, queremos ser reconocidos como lo son nuestros conciudadanos que sí lo tienen como propio. Acaso contra la historia, el reto que se plantea ahora no es otro que el de cohesionar el Estado sin menoscabo de su secular diversidad interna. Justamente el empeño de Zapatero en su firme defensa de la España plural.

Albert Branchadell es profesor de la Universitat Autònoma de Barcelona y presidente de la Organización por el Multilingüismo.