El asesor laboral de Vilar no conoce los dos informes por los que Fabra Cobró 140.000 euros

El denunciante de Fabra, Vicente Vilar, anunció ayer que tiene previsto solicitar la declaración en el caso como testigo del empresario Fernando Roig, ya que una empresa de la que es apoderado facturó a Carmacas, la firma de Carlos Fabra, 153.378,28 euros entre los años 2000 y 2002, según se desprende de los balances presentados por el propio Fabra ante el juzgado.

El fiscal anticorrupción participó ayer en la toma de declaraciones a tres testigos. Uno de ellos fue asesor laboral de Naranjax -de la que es titular Vicente Vilar- que aseguró desconocer los informes que Fabra entregó al juzgado para justificar facturas de cobro de al menos 140.000 euros. Tal como dijo ayer Francisco Borrás ante la titular del juzgado número 1 de Nules, Naranjax tiene su propio asesor laboral, que es él, y además está adscrita a la Unión de Mutuas por lo que, según señaló, los informes que supuestamente redactó la empresa de Fabra no eran necesarios. Borrás añadió que por unos informes tan genéricos no pagaría más de 500 euros.

Borrás sostuvo que ninguna de las dos empresas precisaba de dichos informes

El pasado mes de febrero, el también presidente del PP de Castellón entregó al juzgado los dos supuestos informes por los que su empresa, Carmacas, facturó más de 140.000 euros a las sociedades del grupo Naranjax, fabricante de productos fitosanitarios. Las facturas se emitieron tanto a Naranjax como a Artemis 2000, la sociedad que comparten la esposa de Fabra, Amparo Fernández, y la ex mujer de Vilar, Monserrat Vives. Sin embargo, esta última no tiene ningún trabajador en nómina, tal como reiteró ayer el asesor laboral de Vilar.

Bajo el título Actividades a realizar en materia de prevención de riesgos laborales en una empresa de productos fitosanitarios, Carlos Fabra entregó unos informes que transcriben, literalmente, párrafos de la guía sobre planes de prevención de riesgos laborales de Unión de Mutuas, de la que es consejero el propio Fabra. El documento intercala los preceptos de la mutua con otros reflejados en una ponencia de una directora técnica de una auditora que se encuentra en Internet. Además, incluye párrafos enteros del Reglamento de los Servicio de Prevención. Francisco Borrás sostuvo ayer que ninguna de las dos empresas a las que la sociedad de Fabra facturó los 140.000 euros precisaba de dichos informes, según indicaron fuentes de la acusación.

Otra de las personas llamadas a declarar ayer fue Josefa Rovira, la persona que, según Vilar, logró que una joyería de Castellón abriera un primero de mayo con el fin de adquirir un reloj y una sortija para el entonces subdelegado del Gobierno en Castellón, Vicente Sánchez Peral y su esposa. Tal como señaló Vilar, estos "regalos" se realizaban como "agradecimiento" a las gestiones del subdelegado como interlocutor ante los ministerios que habían de autorizar la fabricación de productos fitosanitarios. Rovira admitió haber mediado para la apertura del establecimiento de joyería pero dijo no saber a quién estaban dirigidos los regalos que en la tienda se adquirieron ese día.

También declaró ayer Emilio Álvarez, ex socio del parlamentario del PP Ricardo Costa y titular de una asesoría que tramitó la venta de un producto de Naranjax. Álvarez reconoció haber asistido a la cena en la que, según Vilar, se negoció la posible venta de Naranjax pero dijo no recordar si Carlos Fabra estuvo presente en la misma. Fabra negó en su momento haber asistido a esa reunión. Además, Emilio Álvarez reconoció también haber acudido a una notaría de Valencia en la que se firmó la compra de Artemis 2000 por parte de las esposas de Fabra y de Vilar. Aún así, según fuentes de la acusación, ayer dijo que, pese a haber acudido a la notaría, no realizó ningún trabajo de asesoramiento en ese trámite.