De la Torre da por zanjado el caso del enchufismo en el centro de emergencias

El equipo de Gobierno en el Ayuntamiento de Málaga que preside Francisco de la Torre ha dado carpetazo a la polémica sobre los enchufes en las contrataciones de teleoperadores para el centro coordinador de emergencias inaugurado recientemente. El concejal de Seguridad, Antonio Cordero, compareció ayer para eximir de responsabilidad al consistorio y asegurar que, en todo caso, "no ha habido ninguna irregularidad y, por descontado, ninguna ilegalidad".

El Ayuntamiento se ha dado por satisfecho con las explicaciones recibidas por carta de la dirección de la empresa concesionaria del servicio, Clece, en la que asegura que dio publicidad a la oferta de empleo y que seleccionó al personal mediante unas pruebas, entrevista personal y tras un primer curso de capacitación. Y también que no recibió ninguna indicación de ningún cargo municipal sobre los criterios de contratación.

Cordero insistió en que la responsabilidad de la contratación de los trabajadores era de la empresa Clece, a la que el consistorio adjudicó la gestión del centro por el procedimiento de concurso público. Este ha sido el argumento que el Ayuntamiento siempre ha utilizado para eximir su posible responsabilidad en los supuestos casos de enchufismo. Según el grupo socialista, al menos 19 de las 28 personas contratadas tienen vínculos familiares con mandos de la Policía Local y de Bomberos. "No podemos entrar en cómo una empresa privada contrata su personal", insistió ayer Cordero, "no se le puede decir al hijo de nadie que no se presente a unas pruebas".

Pero el concejal no se inhibió del todo y aseguró que la empresa dio publicidad a la convocatoria de empleo en medios de comunicación y requirió personal a dos empresas de trabajo temporal, y que utilizó "los criterios habituales de selección". Más aún, Cordero consideró que lo que sería injusto es negar el derecho a un puesto de trabajo a familiares de funcionarios municipales por el hecho de serlo.

La oposición ya advirtió ayer que no se conforma con las explicaciones dadas por el equipo de Gobierno y de que insistirá en pedir que se constituya una comisión de investigación. La portavoz del PSOE, Marisa Bustinduy, aseguró que "no se puede dar por zanjado el asunto porque los responsables de Clece digan en una carta que no hubo enchufes ni irregularidades, ¿que van a decir?, lo que hay que hacer es investigar que ocurrió". En contra de la opinión del equipo de Gobierno, la portavoz socialista entiende que el Ayuntamiento debe velar porque se cumplan todas las garantías de valoración y transparencia pues se trata de prestar un servicio público.

El equipo de gobierno mantiene que no hubo irregularidades ni en la adjudicación del servicio y que se cumplió escrupulosamente lo establecido en el pliego de condiciones. "La adjudicación fue totalmente objetiva de acuerdo con los principios de igualdad y concurrencia", explicó el concejal de Seguridad.

Ante las numerosas preguntas de los periodistas, Cordero insistió una y otra vez en que el Ayuntamiento no tiene ninguna facultad ni posibilidad de intervenir en los contratos que realiza una empresa privada. "En todo caso podíamos pedir responsabilidades si el servicio no funcionara", dijo, pero se apresuró en asegurar que no hay motivo porque desde que entró en funcionamiento el centro de emergencias las llamadas al 092 han aumentado en un 30% y que el servicio "se lleva a plena satisfacción".

Cordero dijo también que el Ayuntamiento encargó un informe jurídico para que en futuros concursos de adjudicación de servicios puedan establecerse condiciones sobre los criterios para la elección del personal que ha resuelto que ello no es posible y "atentaría contra la Constitución".