Los presidentes de la Junta cobrarán el 80% del sueldo durante dos años cuando cesen en el cargo

El Gobierno andaluz se ha decidido a regular el tratamiento de los presidentes de la Junta cuando cesen en el cargo, una materia que tienen resueltas otras comunidades como Cataluña, Galicia, País Vasco o Valencia. En las reuniones celebradas por los cuatro grupos parlamentarios con el Ejecutivo, el consejero de la Presidencia, Gaspar Zarrías, ha propuesto que el presidente andaluz tras el cese perciba dos años el 80% del sueldo de presidente y disponga durante cuatro de un servicio de asistencia, integrado por dos personas, además de un automóvil con chófer y escolta.

Esta propuesta figura en el amplio paquete de iniciativas que los grupos parlamentarios negocian desde el mes de junio bajo el epígrafe de impulso democrático, que comprende bloques diversos como la modificación de las leyes de Incompatibilidades, Electoral, Publicidad Institucional, Consejo Consultivo, Consejo Audiovisual, RTVA, así como medidas de transparencia de los sueldos, bienes e intereses de los altos cargos de la Administración y de los diputados.

El consejero de la Presidencia, Gaspar Zarrías, confirmó a EL PAÍS que hace días entregó a los grupos una propuesta para regular el tratamiento de los ex presidentes de la comunidad que se aplicará por primera vez al presidente Manuel Chaves cuando abandone el cargo.

La propuesta consiste en asignar a los ex jefes del Gobierno andaluz una prestación económica por el 80% del sueldo de presidente durante dos años -periodo en el que los altos cargos están sujetos a la ley de incompatibilidades- y a disponer de un equipo de asistencia, integrado por dos personas, así como coche oficial y servicio de seguridad. Zarrías afirmó que "los grupos parlamentarios han visto bien" esta iniciativa.

Andalucía nunca ha regulado esta materia que tienen resuelta otras comunidades autonómas. Cataluña. Una ley de abril de 2003 aprobada por unanimidad permite que Jordi Pujol conserve el 80% de su sueldo durante 12 años y, a partir de entonces, reciba una pensión vitalicia equivalente al 60% del salario, fijado en 2003 en cerca de 90.000 euros anuales. Además, el acuerdo estipula que el Gobierno catalán facilite a los ex presidentes "los medios necesarios para el sostenimiento de una oficina de apoyo adecuada" y prevé una pensión de viudedad vitalicia del 50% para el cónyuge o pareja de hecho.

Comunidad Valenciana. La Ley del Estatuto de los Ex Presidentes, aprobada en el verano de 2002 por las Cortes Valencianas, señala que los ex presidentes de la Generalitat tendrán a su disposición un despacho y un coche oficiales atendidos por los correspondientes administrativo y conductor; y, cuando cesen, serán miembros permanentes, con voz pero sin voto, del Consejo Jurídico Consultivo de la Generalitat -órgano autonómico equivalente al Consejo de Estado- con la correspondiente retribución, 70.000 euros al año, si no tienen otro cargo público.

País Vasco. Los ex lehendakaris tienen derecho a una secretaria, una oficina y un coche con chófer con cargo al erario público. No tienen derecho a un sueldo mensual, pero sí a una cesantía, que consiste en una mensualidad y en caso de encontrarse en paro cobraría el 80% del sueldo durante un mínimo de tres meses y un máximo de 12. El Gobierno vasco también les garantiza una pensión de jubilación que alcanzaría la mitad de su nómina, es decir algo más de 36.000 euros brutos al año.

Galicia. Un decreto de 1990 estipula el 60% de la retribuciones de presidente durante dos años, desde el cese y le asigna un funcionario por dos años, automóvil y conductor.

La regulación sobre el tratamiento de los ex presidentes de la Junta será aprobada mediante enmiendas a las leyes de Presupuesto y de Acompañamiento para 2005. También todos los grupos han acordado incorporar indemnizaciones para diputados y altos cargos cuando cesen en sus actividades. De esta forma establecen una prestación económica igual al salario percibido de tres meses por legislatura y hasta un máximo de 12 meses para aquellos que no tienen retorno a su puesto de trabajo o mientras se produce la incorporación a sus antiguos empleos.

Los grupos también están intentando llegar a un acuerdo para establecer un plan de jubilación para los diputados de manera que éstos aporten un tercio del mismo y el resto, el propio Parlamento. Esta iniciativa aún está muy verde, según indican fuentes de la negociaciación.

Los asuntos que afectan a las retribuciones de los políticos los están llevando los grupos con sigilo y con mucho complejo, según admiten varios interlocutores. Éstos temen que alguno de los cuatro partidos decida en el último minuto descolgarse del acuerdo en un tema del que evitan hablar en público, pese a que los sueldos tanto de los altos cargos de la Junta como los miembros del Parlamento no alcanzan ni la mitad de lo que cobran los directivos del sector privado.

Los representantes de PSOE, PP, IU y PA y del Gobierno han quedado el próximo lunes para hablar de las medidas de impulso democrático, algunas de las cuales podrían aprrobarse mediante el sistema in voce en el trámite presupuestario. No obstante, el consejero de la Presidencia abogó ayer por que las leyes de Incompatibilidades, Electoral y Publicidad Institucional tengan un tratamiento diferenciado y se puedan aprobar por lectura única si, como parece, hay acuerdo.

Con información de Josep Garriga, Juanjo G. del Moral y E. Azumendi.