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El escándalo Casa Pia llega al banquillo en Portugal

El juicio del caso Casa Pia -el escándalo de pederastia que ha sacudido la sociedad y la política portuguesa en los últimos dos años-, comienza hoy después de meses de una investigación que ha puesto de manifiesto las debilidades del sistema judicial. Siete personas se sentarán en el banquillo acusadas de abusos sexuales contra menores de una de las más importantes instituciones benéficas portuguesas, los colegios Casa Pia.

Con la apertura del juicio oral, el país se vuelve a mirar al espejo, aún no recuperado de la conmoción que ha provocado el escándalo: ¿cómo fue posible que durante 30 años niños confiados al Estado hayan sido víctimas de pederastas encubiertos por quienes deberían velar por su protección?

Los siete acusados por pederastia y lenocinio son Carlos Silvino, empleado de Casa Pia; Carlos Cruz, el más popular presentador de la televisión portuguesa; Manuel Abrantes, ex director de los colegios; Jorge Ritto, embajador jubilado; Hugo Marçal, abogado; João Ferreira Diniz, médico, y Gertrudes Nunes, dueña de una casa donde supuestamente fueron cometidos algunos de los delitos.

El caso Casa Pia estalló en noviembre de 2002, cuando el semanario Expresso denunció que un funcionario de la institución, Carlos Silvino, llevaba 30 años violando niños dentro de los colegios, con el conocimiento de los directores de Casa Pia, de algunos políticos y de la policía. Posteriores investigaciones acabaron por destapar una historia más aberrante: Silvino -acusado de 604 crímenes- era el eslabón de una red formada por personas con poder que le aseguraron protección.

Después de 24 meses de investigación, no se confirmó el terremoto social y político anunciado por la directora de Casa Pia, Catalina Pestana, y la periodista Felícia Cabrita, que aseguraban que el grupo de pederastas era mayor e incluía a otros protagonistas de la sociedad. Los psicólogos concluyeron que al menos 128 niños de entre los actuales 700 estudiantes de Casa Pia fueron asaltados sexualmente.

Fuera queda Paulo Pedroso, ex ministro de Trabajo y número dos del Partido Socialista portugués en el momento en que fue detenido, en mayo de 2003. Pedroso pasó cinco meses en la cárcel, pero acabó libre de todos los cargos. La implicación de Pedroso desencadenó una crisis política cuando la dirección socialista, sustituida hace dos meses, denunció la existencia de una conspiración. Se supo después que el teléfono del secretario general de los socialistas, Eduardo Ferro Rodrigues, y los de otros dirigentes estuvieron bajo escucha policial, aunque ninguno fuera sospechoso.

Muchos ciudadanos se enteraron con este caso de que Portugal es el país europeo con más detenidos preventivos, que una persona puede estar presa cuatro años sin ser acusada, que puede ir a la cárcel y ser interrogada sin saber de qué se le acusa. Los portugueses se enteraron también de que la mayoría de los crímenes de pederastia prescriben porque las menores sólo pueden denunciarlos hasta cinco años después del crimen y si se deciden a acudir a la justicia cuando son mayores de 16 años y seis meses, ya no será tenida en cuenta la denuncia.

Los investigadores de la fiscalíatambién cometieron errores: llegaron a acusar formalmente a personas inocentes, integraron en el proceso una carta anónima que implicaba al presidente de la República, Jorge Sampaio, pese a no otorgarle credibilidad. Y los detalles de la investigación, pese a estar en secreto sumarial, fueron constantemente filtrados para la prensa.

El Gobierno se prepara para aprobar importantes cambios en la ley que corrigen estos aspectos y obligan a los periodistas a respetar el secreto del sumario.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 25 de noviembre de 2004