Un informe de la Guardia Civil relacionó en 2003 la trama con "mafias organizadas"

El general Pedro Laguna Palacios, coronel jefe de Asturias cuando ocurrió el 11-M, reveló ayer en la comisión de investigación que el 6 de marzo de 2003 la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil apuntó las posibles conexiones de la trama asturiana de los explosivos con "mafias organizadas de ámbito nacional". Esta unidad fue la que informó en febrero de ese año de que su confidente Rafá Zouhier se había chivado de que Antonio Toro y Emilio Suárez Trashorras estaban intentando vender Goma 2.

La sesión de ayer en el Congreso dio vueltas y vueltas sobre por qué cayeron en saco roto hasta seis confidencias diferentes, conocidas entre 2001 y 2003, sobre el presunto tráfico de explosivos por parte de un grupo de ex mineros de Avilés. El PP fue especialmente insistente con el papel de la UCO en las pesquisas y sobre qué se había hecho con los informes que facilitaba esta unidad, que en todo momento calificó como de élite.

Laguna le contó que la UCO le remitió a finales de febrero de 2003, a petición de los investigadores asturianos, una nota informativa sobre qué es lo que habían investigado en Avilés dos de sus agentes. Ésa es la nota en la que se dice que Toro y Trashorras trataban de colocar explosivos y que se había sabido que Toro había ofrecido en Madrid Goma 2 a cambio de dinero o drogas.

"La UCO estuvo trabajando con tres oficiales de la comandancia de Oviedo y mantuvieron una relación fluida. La nota que le pedimos me llegó a mí y yo la trasladé en mano al jefe de la comandancia de Oviedo, Fernando Aldea Juan", explicó. Esas pesquisas se mantuvieron durante cinco meses pero, finalmente, según explicó por segunda vez a los comisionados, no llegaron a nada.

Laguna explicó que en ningún momento informó ni a sus superiores ni a la Delegación del Gobierno de las pesquisas de la UCO, pero también que "nunca" se le dijo desde el Ministerio del Interior que dichas pesquisas tuvieran algo que ver con el terrorismo. "Si había tema de terrorismo o de ETA, supongo que eso lo llevaría el Ministerio del Interior, que lo habría debatido, pero nunca me llegó nada", dijo. Aunque admitió que sus pesquisas de la trama de los explosivos "nunca llegaron al ministerio".

Jaime Ignacio del Burgo (PP) le apretó y le espetó que si hubieran coordinado mejor las pesquisas y se hubiera informado bien a los fiscales asturianos "a lo mejor el resultado hubiera sido otro". Entonces, Laguna se explayó: "Es que de los dos investigaciones de la UCO no sé nada. Me entero en abril de este año, cuando encargo que se me informe de todo lo hecho tras el 11-M. Me dijeron entonces que había una segunda nota de la UCO, de 6 de marzo de 2003, en la que se dice que es una cosa de delincuencia organizada y donde se ve que no habían dejado el tema del todo". Y siguió: "La nota informativa de la UCO es del 6 de marzo de 2003, en la que se informa la Comandancia de Oviedo de conexiones con mafias organizadas de ámbito nacional, es decir, que se apunta a delincuencia organizada de ámbito nacional". El hoy general insistió: "Era un tema delincuencia localizado y, que sepamos, nunca se han puesto en contacto con organizaciones terroristas. Las alarmas no sonaron".

Las alarmas, desde el 11-M, no han dejado de sonar y, por ello, hace un mes y medio se ordenó a todas las unidades asturianas "un mayor control de las minas y canteras", según había revelado previamente el destituido teniente coronel Antonio Rodríguez Bolinaga. Éste relató, además, su disconformidad con una instrucción de la Delegación del Gobierno en Asturias de 2001 para que se rebajase la seguridad en la fase final del consumo de explosivos.

El último compareciente, el coronel Luis Antonio Burdalo de Fuentes (que pidió su puesto en Asturias), explicó finalmente que el juez instructor del 11-M, Juan del Olmo, ha pedido a todos los cuerpos policiales de Asturias que se le envíen "todos los informes existentes en relación a Antonio Toro y Emilio Suárez Trashorras". Además, contó que mañana tiene prevista una reunión con todos los responsables del control de armas y explosivos de Asturias para tomar medidas.