Desmanes en la zona menos franca

La Zona Franca de Cádiz no logra despegarse de una permanente sospecha de irregularidades y corrupción. Casi todo lo que de este organismo, dependiente del Ministerio de Hacienda, ha trascendido desde 1996 ha estado asociado a escándalos en la gestión de los dos militantes -Manuel Rodríguez de Castro y Miguel Osuna- a los que el PP encomendó la tarea de dirigirlo mientras gobernó en La Moncloa. Presuntos delitos contables, inversiones fantasma, gastos injustificados y excesivos, supuestos casos de enchufismo, nombramientos impuestos, dejación de responsabilidades en los órganos de control, posible malversación de fondos públicos y entramados empresariales poco transparentes han sumido al recinto fiscal gaditano en una delicada situación financiera, al borde de la quiebra. El nuevo delegado del PSOE, José de Mier, ha encargado una investigación porque de los documentos analizados hasta ahora concluye que en la Zona Franca "todo huele a podrido y a corruptela".

Rodríguez de Castro gastó 6,8 millones en un proyecto informático que no existe

La gestión del PP al frente de la Zona Franca de Cádiz está plagada de irregularidades e inversiones fantasma

Los últimos escándalos vuelven a situar en la picota a los gestores populares, especialmente a Rodríguez de Castro -vinculado políticamente a Rodrigo Rato, director del Fondo Monetario Internacional, y Teófila Martínez, alcaldesa de Cádiz y presidenta del Consorcio de la Zona Franca-, quien se vio obligado a dimitir en 2001 acuciado por denuncias de irregularidades.

Este alto cargo del PP gastó 6,8 millones en un proyecto informático que no existe. Una de las empresas beneficiadas, Miami Free Zone, era una sociedad limitada de apenas 1.000 dólares de capital social y que además, cuando recibió el contrato de 4,2 millones, llevaba un año sin actividad. Esta sociedad no presentó el preceptivo certificado empresarial de la embajada de España. Tampoco aportó referencias sobre su solvencia profesional y económica, y no hubo recepción física de la oferta, sino por correo electrónico cinco días antes de que expirase el plazo del concurso público. Todos estos supuestos impedimentos no impidieron a Rodríguez de Castro firmar un contrato redactado en sólo dos folios y con apenas cláusulas. A cambio, la Zona Franca recibió un equipo que no sirve para "crear la red de comercio digital contratada". Estos materiales son, según los técnicos, de "complicada cuantificación", aunque "en ninguno de los cálculos" se acercan a los 6,8 millones de euros desembolsados.

Los primeros pagos de este proyecto por 1,65 millones los firmó Rodríguez de Castro el día en el que presentó su dimisión, y después de cesar en el cargo, mediante transferencias a un banco de Florida. El resto de pagos se hizo con Miguel Osuna como nuevo delegado, sobre quien recae también la sospecha de permitir que su antecesor permaneciera al frente o que figurase en los consejos de administración de algunas empresas de la Zona Franca cuando ya había cesado en el cargo. Osuna se tendrá que enfrentar también a varias denuncias judiciales por la supuesta desaparición de 2,3 millones de los fondos de Quality Food, otra sociedad del recinto fiscal.

Estas nuevas denuncias se suman a las que obligaron a Rodríguez de Castro a presentar su dimisión el 19 de febrero de 2001, mes y medio después de que trascendieran las denuncias sobre su gestión, en especial, por 1,33 millones de euros que gastó en viajes, almuerzos, regalos y partidas relacionadas con el protocolo en sus cuatro años de gestión, un millón más de lo previsto, según los informes internos de control presupuestario de la Zona Franca. El delegado se marchó pero no ofreció explicaciones sobre estas denuncias y otras relacionadas con la supuesta contratación irregular de personas vinculadas al PP y a su actividad en numerosas empresas privadas. A cambio, se presentó como una "víctima" de la "campaña de acoso" que, a su juicio, había auspiciado el PSOE.

El fiscal para el Tribunal de Cuentas actuó de oficio el pasado marzo y abrió una investigación sobre los indicios de un supuesto delito contable en la gestión de la Zona Franca de Cádiz entre los años 1997 y 2000, a raíz de un informe de este organismo contable que denunció que Rodríguez de Castro gastó durante su mandato, entre 1997 y 2001, casi 600.000 euros de los fondos de este organismo sin que justificara su destino. Este dirigente contrató además con empresas ajenas al Consorcio de la Zona Franca labores de asesoría por las que cobraron 144.000 euros "sin que se haya aportado ningún documento que desprenda la utilidad o rendimiento que le reportó esta contratación".

El Tribunal de Cuentas detalló que el dirigente popular cargó 330.000 euros en gastos de viajes y restaurantes a tres tarjetas de crédito por cuenta del Estado. Asimismo, entre 1997 y 2000 se transfirieron al delegado 132.000 euros en compensación de gastos sufragados por él, pero "sin que la dirección del Consorcio aportara a los servicios financieros los correspondientes justificantes de gasto". Además, pasaba de forma habitual facturas sin justificar correspondientes a hoteles, coches con chófer y viajes a distintos países. Denuncia el Tribunal que algunas de esas facturas se pasaron dos veces.

El Estado pagó el alquiler de la vivienda del delegado y el sueldo de su empleada del hogar entre 1997 y 2000. Al firmar el finiquito tras su dimisión, Rodríguez incluyó 11.000 euros "de cuya aplicación", según el Tribunal, "estaba expresamente excluido el delegado".