Cataluña ultima un acuerdo de competitividad que incluirá mayor flexibilidad laboral

Cataluña ha emprendido la búsqueda de un consenso entre la Administración, agentes sociales y expertos para cerrar un novedoso pacto sobre competitividad que incluirá mayor flexibilidad laboral a cambio de seguridad en el empleo. Calificado en su día de "trascendental" por el consejero de Economía y Finanzas catalán, Antoni Castells, el proyecto consiste en concertar el esqueleto de un nuevo modelo económico para Cataluña que estará listo a mediados de diciembre, según fuentes del Ejecutivo catalán. El respaldo presupuestario en 2005 asciende a 470 millones.

Alentado por el clima de huida de empresas que azotó la comunidad a principios de año (con los cierres de Samsung, Philips, Panasonic o Levi's), la Generalitat ha involucrado a los agentes sociales (sindicatos y organizaciones empresariales) y a un nutrido grupo de expertos de toda España para concretar políticas que encaucen la economía catalana en la actual dinámica internacional. Con una novedad: un pacto entre sindicatos y patronal para incrementar la seguridad en el empleo a cambio de una mayor flexibilidad laboral.

El acuerdo anticrisis catalán se traduce en varios bloques de propuestas, que van desde la gestión de las deslocalizaciones (con la creación de un observatorio de prospetiva industrial y una agencia catalana de inversiones), a la calidad del empleo (con 12 nuevos centros integrales de formación profesional) y la política energética (con el fomento de las energías renovables y las exigencias a Endesa para la ejecución del plan de creación de subestaciones eléctricas), hasta el fomento de la tecnología, que pasa por la creación de una red de 10 centros tecnológicos.

Emilio Ontiveros, presidente de Analistas Financieros Internacionales (AFI) y uno de los miembros del grupo de expertos, que preside el catedrático Manuel Castells, destaca que el pacto "demuestra la voluntad del Gobierno catalán de canalizar medidas de política económica en consonancia con las propuestas de las patronales y los sindicatos", y aboga por "extender el acuerdo a otras comunidades autónomas que presentan los mismos problemas", algo que ve con buenos ojos el Ejecutivo de Zapatero, según fuentes del Ministerio de Industria.

El pacto está en la recta final.Falta concretar un último borrador (40 páginas que contienen un centenar de propuestas), seleccionar las actuaciones más inmediatas y catalogar las dirigidas a la Administración central. El texto exige la construcción de 500 kilómetros de autovías libres de peaje y da prioridad al transporte ferrovario, con un plan de acceso sostenible a 22 polígonos industriales de la región metropolitana de Barcelona.

En la recta final para lograr el pacto definitivo, sindicatos y patronales han dado ya el visto bueno a la gran mayoría de las propuestas, que contarán con una dotación presupuestaria de 470 millones de euros en los presupuestos catalanes de 2005. Los últimos flecos pasan por un acuerdo relativo a las relaciones laborales entre patronales y sindicatos. A falta de la concreción final del texto, los agentes sociales eestán de acuerdo en incrementar la seguridad en el empleo (con medidas sobre ocupabilidad, formación, formación profesional, seguridad laboral y control de la incapacidad laboral) a cambio de "una mayor flexibilidad, tanto en el cómputo de horas como en la movilidad laboral", según fuentes próximas a las partes negociadoras.

Al margen de las anteriores, algunas de las principales medidas incluidas en las cuentas públicas son la mejorar la financiación a les pequeñas y medianas empresas (pymes), con una dotación directa al Instituto Catalán de Finanzas (ICF), la entidad de crédito público de la Generalitat; el incremento la oferta de suelo industrial, y la puesta en marcha de un plan para la internacionalización.