Una oportunidad para el debate

La sentencia ha sorprendido a las administraciones, a los usuarios y a colectivos relacionados con la gestión del agua cuando el debate estaba centrado en la política del Gobierno socialista y el trasvase Júcar-Vinalopó, objeto de una comisión para determinar si cumple las exigencias medioambientales de la Unión Europea. Precisamente para hablar del Júcar y otros aspectos de la gestión hídrica se celebran Tres dies de l'aigua a València, que hoy protagoniza la plataforma Xúquer Viu, mañana el II Foro Social del Agua, y el lunes la Fundación Nueva Cultura del Agua, con la clausura de la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona. Representantes de las tres entidades realizaron una primera lectura de la sentencia, a falta de conocerla bien. "Representa una oportunidad para el debate de la gestión racional del agua", dijo Antoni Montesinos, del Foro Social del Agua. "Es una ejemplo más del desgobierno en la gestión del agua", añadió Graciela Ferrer, de Xúquer Viu, quien exigió que se aplique el principio de precaución y se paralice un trasvase iniciado "sin que se hayan esclarecido los caudales ecológicos del río". "La sentencia puede venir muy bien porque obliga a clarificar el problema del Júcar y podría cuestionar el pacto entre José Bono y Eduardo Zaplana que permitió aprobar un plan que supone la muerte del río", dijo el portavoz de la Fundación Nueva Cultura del Agua, Antonio Estevan. En una "primera interpretación", la obra del Júcar-Vinalopó no estaría cubierta por el PHN, opinó Estevan.

Andrés Martínez, presidente de los regantes y demás usuarios del Vinalopó, manifestó su "preocupación" por el fallo porque podría afectar "al 70% del regadío" y también su "firmeza" de que el trasvase del Júcar saldrá adelante. Martínez pidió "sentido común", señaló que el PHN aprueba el trasvase y que la aplicación de la directiva europea del agua permite gestionar en una misma demarcación hidrográfica diferentes ríos, como en el plan del Júcar. El catedrático de Análisis Geográfico Regional de Alicante, Antonio Rico, ve la sentencia "preocupante" porque implica "al abastecimiento de dos millones de habitantes y a más de 80.000 hectáreas de regadío", informó Efe.

El portavoz de Ecologistas en Acción, Carlos Arribas, apuntó que el Tribunal Supremo "debería hacer sido valiente e ir más lejos" y especificar la anulación de los artículos del real decreto del plan del Júcar que se publican resumidamente en la orden ministerial derogada.