El Gobierno catalán pretende concentrar y redistribuir la oferta de carreras universitarias

Cataluña afronta una realidad complicada: faltan alumnos y sobran plazas universitarias y titulaciones. Ante esta situación, la Generalitat quiere redefinir el mapa universitario y redistribuir las titulaciones de forma más racional. El consejero de Universidades, Carles Solà, planteó esta reflexión el pasado martes ante el Consejo Interuniversitario de Cataluña (CIC). No en vano el número de estudiantes que se incorporan a la universidad se ha reducido el 50% desde 1998 y el 24% de las más de 160 titulaciones que ofrecen las universidades catalanas inician el primer curso con menos de 40 alumnos. "Los datos objetivos son contundentes", subrayó ayer Solà, quien hizo una llamamiento a las universidades para que haya "una mayor cooperación en la impartición de títulos".

El Departamento de Universidades cree necesario "redistribuir, concentrar o modificar las titulaciones con escasa o muy baja demanda" y favorecer en los próximos años la programación de carreras conjuntas entre diversas universidades catalanas o incluso de fuera de la comunidad autónoma. No obstante, Solà subrayó que este planteamiento "no va en detrimento del apoyo que reciben actualmente las universidades públicas", puesto que el nuevo sistema de financiación se basará en criterios de calidad y eficacia y respeterá la especificidad de cada centro. En cuanto a la programación universitaria para el curso que viene, Solà pidió que las nuevas titulaciones que quieran impartir las universidades adopten la estructura del denominado Espacio Europeo de la Educación Superior, fijado en la declaración de Bolonia por la Unión Europea.

Por otra parte, durante la reunión con el CIC, el consejero criticó al Gobierno central por querer aprobar primero los decretos que regulan los estudios de grado y posgrado, de acuerdo con el esquema del futuro Espacio Europeo de Educación Superior antes que la reforma de la Ley Orgánica de Universidades.

Solà criticó la apuesta del Gobierno por el esquema de cuatro años de grado más un año de posgrado, cuando la tendencia de la mayoría de países europeos es de tres y dos, respectivamente. Para el consejero la postura del Gobierno central "refuerza una visión muy centralista y uniformadora de la enseñanza superior" con "unos planes de estudio muy controlados" y con "poco margen de maniobra" para las universidades.