El juez archivó hace nueve meses la única causa contra Paesa

Francisco Paesa no tiene pendiente ninguna causa con la justicia española. El juzgado número 17 de Madrid, que le imputó por encubrimiento del botín de Luis Roldán, el ex director general de la Guardia Civil condenado a 34 años de cárcel, archivó la causa definitivamente el pasado mes de marzo porque ha prescrito. Una agencia de detectives de Barcelona dice haber localizado a Paesa en Luxemburgo, según publicó ayer El Mundo. La policía lo duda

El archivo definitivo del caso se adoptó después de que el juez Luis Carlos Pelluz solicitara un informe a la Fiscalía Anticorrupción, la que investigó el caso Roldán y la implicación de Paesa, de 68 años, en la ocultación de los 10 millones de euros que logró salvar el ex jefe de la Guardia Civil de sus cuentas suizas.

El fiscal Alejandro Luzón elevó al juez un informe el pasado 29 de enero en el que argumentó que no se podía imputar a Paesa por un delito de blanqueo ya que los hechos eran anteriores a 1995 y hasta entonces sólo se contemplaba esa figura delictiva para los casos de tráfico de drogas. La imputación sólo podía ser por encubrimiento y en ese caso el delito ya había prescrito porque la pena a imponer es sensiblemente menor, tres años de prisión. Pero el fiscal añadió una coletilla: "Sin perjuicio de que nuevos elementos permitan reabrir el caso".

Para Luzón estos nuevos elementos son la aparición de datos que avalen que el ex agente del Ministerio del Interior durante la etapa socialista movió dinero de Roldán en fechas posteriores a 1995. En ese año se aprobó el nuevo Código Penal que sí contempla el delito de blanqueo de capitales. "Si se le hubiera detenido, se le habría juzgado de inmediato porque la acusación estaba bien acreditada. Pero los plazos de prescripción han transcurrido y había que pedir el archivo", señaló ayer Luzón. El fiscal se lamenta de que la ocultación por Paesa del dinero de Roldán, "un caso de blanqueo de libro", se haya tenido que rebajar a un delito de encubrimiento.

Pelluz, titular del juzgado de instrucción número 17 de plaza de Castilla, archivó la causa abierta contra Francisco Paesa el pasado 18 de marzo y anuló la orden de búsqueda y captura internacional que pesaba contra él. El juez argumentó el mismo razonamiento que el fiscal.

Fuentes judiciales señalan que otra causa abierta contra Paesa por el juez suizo Jean Paul Perraudin por blanqueo de capitales también ha prescrito. Fue a raíz de esta última cuando su hermana María Paesa, funcionaria del Congreso de los Diputados, insertó en julio de 1998 en EL PAÍS una esquela en la que anunció la muerte e incineración de los restos de su hermano en Tailandia. Un informe policial encargado por el juzgado demostró pocas semanas después que se trató de una farsa y que el ex agente de Interior sigue vivo.

De Suiza a Singapur

Las pistas de Paesa se siguen desde entonces por París, la ciudad en la que residió más tiempo, y Luxemburgo, el país al que acude constantemente para requerir los servicios de sus abogados: los hermanos Jean Paul y Monique Goerens, con despacho en el número 16 de la calle de la Gran Duquesa Carlota. Éstos fueron los que abrieron en 1994 una cuenta a nombre de la sociedad Almeida Investment en el Overseas Union Bank de Singapur. Ahí recalaron desde Suiza los 10 millones de euros de Roldán hasta junio de 1994, fecha en la que la justicia española perdió la pista del dinero por la negativa de las autoridades de la república asiática a colaborar.

El diario El Mundo publicó ayer dos fotografías supuestamente de Paesa facilitadas por la agencia de detectives de Barcelona Método 3, SA. María Fernández, su directora, asegura haber localizado a Paesa por encargo de un cliente "extranjero" al que estafó 20 millones de euros. Ayer, aseguró que la supuesta estafa se trata de "una deuda" y que investigan las propiedades del ex agente para demostrar que puede pagarla.

Fuentes judiciales y policiales dudan de su versión y barajan la hipótesis de que el cliente no es otro que Roldán o alguien cercano a él, ya que Paesa fue quien movió su botín. Fernández reconoce que el cliente que les contrató les pidió "difundir la información" en un medio de comunicación, pero declina facilitar su identidad. "Es otra forma [de presión] para que pague", apostilla.