El equipo de Trillo maniobró para evitar que Turquía recibiera a las familias del Yak-42

El anterior equipo del Ministerio de Defensa, del PP, maniobró hasta última hora para tratar de evitar que las familias de los militares fallecidos en el accidente del Yak-42 acudieran a Turquía a comprobar los errores en la identificación de los restos de sus parientes. El secretario general de Política de Defensa, Javier Jiménez-Ugarte, dirigió el pasado 23 de marzo una carta al todavía ministro Federico Trillo-Figueroa, en la que le informaba de sus gestiones "para evitar que algún cambio de política en Turquía" llevase al Instituto de Estambul a aceptar la visita de los parientes de los militares.

"Por nuestra parte, he hablado hoy nuevamente tanto con el Cónsul en Estambul como con el Embajador en Ankara para evitar que algún cambio de política en Turquía, forzado por la hiperactiva abogada de la Asociación, pueda llevar a que el Instituto de Estambul termine aceptando la visita de Ripollés y sus acompañantes, en contra de todo lo previsto". Así concluye la carta que el número tres del anterior equipo político de Defensa, Javier Jiménez-Ugarte, dirigió a Federico Trillo-Figueroa, nueve días después de las elecciones generales, en plena transición entre el Gobierno del PP y el del PSOE.

La identidad del destinatario no ofrece dudas pues, además de constar en el encabezamiento, la misiva (que se reproduce íntegramente en esta página) incluye las siguientes anotaciones manuscritas de Jiménez-Ugarte: "Urgente y Personal" y "Querido ministro", al inicio, y "en espera de tus instrucciones", al final.

La "hiperactiva abogada" a la que alude el último párrafo es Belkis Baysal, una prestigiosa letrada turca especializada en la defensa de los derechos humanos, a quien la Asociación de Familiares de las Víctimas del Yak-42 contrató para impulsar la investigación en dicho país.

"Ripollés y acompañantes"

Respecto a la frase "Ripollés y sus acompañantes", se refiere a Carlos Ripollés, presidente de la mencionada asociación, que agrupa a las familias de 40 de los 62 militares fallecidos.

Fue la abogada Baysal la que consiguió el acta de la Fiscalía turca en la que se demostraba que 30 de los cadáveres estaban sin identificar pocas horas antes de su repatriación a España. Pero, sobre todo, dicho documento puso en evidencia que el Instituto Toxicológico de Estambul guardaba muestras de todos los cadáveres, lo que permitía realizar pruebas de ADN, en contra de lo que había venido asegurando el Ministerio de Defensa.

La existencia del acta se conoció el pasado 2 de marzo, cuando fue publicada por EL PAÍS y El Heraldo de Aragón. Ese mismo día, Jiménez-Ugarte dirigió una carta a las familias de los militares en la que tildaba dicha información de "nueva campaña sensacionalista y, sin duda, cruel hacia el dolor de los parientes de las víctimas que, sin duda, responde a los momentos electorales que vive nuestro país", en alusión a las elecciones del 14-M.

Todavía el 3 de marzo, en una nota pública, el Ministerio de Defensa seguía negando la existencia de las muestras en Estambul. "La toma de muestras de ADN a la que se refieren algunas informaciones periodísticas no fue considerada necesaria por el equipo médico desplazado a Turquía", decía el comunicado.

Finalmente, en dos circulares remitidas a las familias los días 5 y 12 de marzo, el secretario general de Política de Defensa admitió la existencia del acta y de las muestras de ADN, lo que motivó que muchas familias expresasen su intención de viajar a Turquía para someterse a pruebas que despejasen las dudas sobre la identificación de sus familiares.

"El Ministerio", aseguraba Jiménez-Ugarte en su carta del día 5, "atendió inmediatamente esta propuesta y para ello se ha puesto en contacto con la Embajada de España en Ankara, reclamando de las autoridades de aquel país todo el apoyo necesario de cara a la gestión que quieren llevar a cabo los familiares".

"A través de la Embajada de España en Ankara", agregaba el número tres de Defensa en su carta del 12 de marzo, "se ha obtenido ya la plena colaboración de aquellas autoridades, que han indicado que no resulta imprescindible el desplazamiento a Estambul de los interesados, pudiendo ser suficiente con el envío de las muestras necesarias para el control del ADN al Instituto Toxicológico de Estambul".

Sin embargo, la carta personal remitida por Jiménez-Ugarte a Federico Trillo-Figueroa el día 23 de marzo refleja que el problema no estaba en que las autoridades turcas rechazaran el desplazamiento de los familiares a Estambul, sino en que las españolas querían evitarlo a toda costa.

Aunque Defensa daba a entender públicamente que estaba dispuesta poner un avión a disposición de las familias, su propósito era justo el contrario. "La recepción de esta nota circular", explicaba Jiménez-Ugarte al ministro, aludiendo al envío de una nueva carta a los familiares, "tendría además la ventaja de terminar de desinflar esta expectativa del viaje en avión de las Fuerzas Armadas a Estambul, que tanto entusiasmo está levantando incluso fuera de la Asociación".

La nota cuyo borrador adjuntó Jiménez-Ugarte a la carta dirigida a Trillo-Figueroa se distribuyó finalmente a las familias el 26 de marzo. En ella, el primero decía que, "no es preciso que los familiares se desplacen a Estambul, ya que con tres gotas de sangre remitidas en papel TFA es suficiente para realizar el contraste de perfiles de ADN".

Pruebas sin realizar

En total, nueve familias accedieron a tomarse una muestra de sangre en Madrid, como propuso el equipo de Defensa del PP, y otras 30 se desplazaron a Estambul en un avión de las Fuerzas Armadas, como venían exigiendo. Pero lo hicieron el 16 de mayo, casi un mes después de que se produjera el cambio de Gobierno y José Bono sustituyera a Trillo-Figueroa al frente de Defensa.

Cuando llegaron al Instituto de Toxicología de Estambul se encontraron con que las muestras de sangre remitidas desde Madrid llevaban varias semanas almacenadas sin que se hubiera realizado ningún test de ADN. La razón era que nadie había pagado el importe de dichas pruebas: 1.800 euros por unidad.

El nuevo equipo de Defensa decidió pagar todas las pruebas, tanto de las muestras enviadas desde Madrid como de las tomadas a los parientes desplazados a Estambul, y el resultado fue que en 22 de los 39 casos analizados la identificación de los cadáveres había resultado errónea.

Jiménez-Ugarte remitió su carta a Trillo-Figueroa en pleno proceso de transición. Por eso, le sugiere en una posdata la posibilidad de remitir una copia a Jesús Caldera, responsable entonces de coordinar la transmisión de poderes por parte del PSOE. Se refiere, obviamente, a una copia de la nota circular que se envió a las familias. No de la misiva personal remitida al todavía ministro.

Jiménez-Ugarte aseguró ayer a EL PAÍS que fueron las autoridades turcas quienes sugirieron que los parientes de los militares muertos no se desplazaran a Estambul y agregó que su deseo de evitar este viaje se debía a que se había convertido "en un pulso" entre la asociación de familias y el ministro Trillo-Figueroa. "Si iban a Turquía se daría la imagen de que no se fiaban de su propio Gobierno", argumentó. Concluyó asegurando que nunca hizo gestiones para evitar que fueran recibidos y que no recordaba haber escrito el párrafo que evidencia lo contrario.