Dos citas constitucionales

Se va abriendo camino entre algunos grupos políticos la posibilidad de encarar las cuatro reformas de la Constitución previstas en el programa electoral del Partido Socialista en dos momentos procedimentales diferentes, según los temas de que se trate. En el PSOE, por ejemplo, y aunque todavía no existe ninguna decisión formal al respecto, se va diseñando un programa según el cual la reforma constitucional encaminada a integrar la nueva Constitución europea se llevaría a cabo rápidamente, por separado y por el sistema simple (mayoría de tres quintos en las dos Cámaras, Congreso y Senado). La fórmula sería la misma que se siguió en 1992 para incorporar otro tema europeo: permitir que los residentes de otro país de la UE pudieran votar en las elecciones municipales.

Si la reforma en el orden sucesorio de la Corona se somete a consulta en solitario, existe la posibilidad de que se transforme en un referéndum sobre la monarquía

Las otras tres reformas del programa socialista podrían agruparse y seguir el procedimiento "agravado", que exige, sin lugar a dudas, al menos una de ellas (cambiar el orden de sucesión a la Corona para permitir que reinen las mujeres primogénitas) y quizá las otras dos (enumeración de las comunidades autónomas existentes y reforma del Senado).

Dado que el procedimiento "agravado" supone celebrar elecciones y que sea el nuevo Parlamento el que discuta y vote las reformas propuestas, eso supondría retrasar hasta el final de esta legislatura no sólo el cambio relacionado con el orden sucesorio en la monarquía española, sino también todos los cambios de índole territorial. La idea no provoca, por el momento, gran entusiasmo en el Partido Popular, sin cuyo acuerdo ese calendario no sería posible.

"Nosotros tampoco tenemos aún una posición claramente definida, pero, en principio, no creemos que la reforma del Senado o la enumeración de las comunidades autónomas exijan el procedimiento más complejo, es decir, la disolución de las Cortes, su aprobación por dos tercios de las nuevas Cámaras y la convocatoria de un referéndum posterior", asegura un miembro de la ejecutiva popular, especialista en cuestiones territoriales.

Desde su punto de vista, al PP le interesaría más que las reformas territoriales se realizaran por el procedimiento "simple": "En esta legislatura, los populares tenemos capacidad de bloqueo. Nadie sabe lo que pasaría en un nuevo Congreso de los Diputados", explica el mismo especialista.

Calendario

El agrupamiento de las distintas reformas constitucionales tiene una lectura secundaria importante. Si el cambio en el orden sucesorio de la Corona se aprueba por un Parlamento recién elegido y se somete a referéndum en solitario, se corre el riesgo de convertir la consulta en un referéndum más o menos encubierto sobre la monarquía como forma de Estado. Por eso, algunos creen que sería mejor plantear un referéndum con dos o tres preguntas distintas, una de las cuales fuera la del orden sucesorio, y las otras, de índole territorial.

Algunos piensan, incluso, en la posibilidad de someter también a votación, al mismo tiempo, los estatutos de autonomía cuyas reformas deban aprobarse obligatoriamente en consulta popular (es decir, los de la vía del artículo 151, Cataluña, Galicia, País Vasco y Andalucía) y que en esas fechas ya habrían cumplimentado todos los trámites parlamentarios previos. El reagrupamiento evitaría que quedara en evidencia que el entusiasmo y pasión de los ciudadanos por estos referendos es hoy día, quizá, muy inferior al de la época en la que fueron aprobados por primera vez. Esta posibilidad es, sin embargo, poco verosímil, al menos en el caso de Cataluña, que siempre ha sido reacia a "compartir" elecciones.

En cualquier caso, el proceso de reformas constitucionales va a requerir algunas decisiones rápidas por parte del presidente del Gobierno. Si el Tribunal Constitucional determina, como parece casi seguro, que la puesta en marcha de la Constitución europea requiere una reforma "simple" de la Constitución española, José Luis Rodríguez Zapatero tendrá que decidir si negocia con Mariano Rajoy la llamada reforma rápida. La fecha elegida sería, quizá, en abril o mayo, poco después del referéndum del 20 de febrero sobre el texto constitucional de la Unión Europea.

"La Constitución europea no entrará en vigor, en el mejor de los casos, antes de 18 meses, así que no hay por qué hacer las cosas tan deprisa. Tenemos todo ese plazo para reformar nuestra propia ley fundamental y asumir la norma de la Unión", reitera un representante del Partido Popular.