Reforma del Estado: contra la privatización perversa

Académicos, dirigentes y expertos son categóricos: la relación inadecuada en América Latina y el Caribe entre el Estado y el mercado, por un lado, y entre el Estado y los ciudadanos, por otro, conspira contra el desarrollo sustentable y equitativo de la región. Esta premisa se ha venido abriendo paso en el debate público y el Banco Interamericano de Desarrollo ya la ha incorporado en su nueva estrategia de reforma del Estado que inspira sus trabajos.

Esas dos disfuncionalidades están íntimamente relacionadas y se alimentan recíprocamente: el crónico déficit democrático dio lugar a manifestaciones de autoritarismo, clientelismo, amiguismo y, en casos extremos, de nepotismo. Esto permitió una suerte de "captura" de las instituciones y políticas públicas por intereses particulares (a través de un partido político, gremios, grupos económicos, familiares o intereses regionales y locales), especie de "privatización perversa" del Estado, que ha estado en la base de los fenómenos de corrupción, de intervenciones estatales ineficientes, y promotoras del rentismo y la especulación.

Esa misma "privatización perversa" de las instituciones y políticas públicas ha impedido que éstas puedan procesar, agregar y responder a las demandas de la ciudadanía, lo que explica la exclusión de amplios sectores de la población de los beneficios del crecimiento y también la crisis de legitimidad de la política a los ojos del ciudadano común.

Felizmente, en las últimas dos décadas hemos asistido a una revalorización de la importancia de las instituciones. Las reformas económicas impulsadas desde inicios de los años ochenta no tuvieron los resultados esperados y es lógico que nos preguntemos qué falló, dónde y por qué.

La política -lo hemos repetido con insistencia- importa porque es la fibra más íntima que vincula instituciones y desarrollo. Las instituciones que dejan de lado la política -y a todos los elementos asociados a ella, como liderazgo, cultura, valores- son simples organizaciones, formas sin contenido.

Durante años se subrayó que en América Latina la democracia estaba amenazada por la pobreza, la desigualdad y el bajo crecimiento. Esta preocupación fue y sigue siendo válida. Pero, lamentablemente, no hemos prestado suficiente atención a la democracia como condición fundamental para impulsar el desarrollo y combatir la pobreza y la desigualdad. Ésta es la otra cara de la relación.

En efecto, la democracia es condición para una eficiente relación entre Estado y mercado. Cuanto mayor democracia, menor riesgo de "captura" de las políticas públicas por intereses particulares. Para ello se requiere un Estado técnico, metódico y efectivo en la formulación de políticas, asignación de recursos, ejercicios de regulación y supervisión. Sólo una efectiva política democrática incentiva la competencia y la productividad y permite el funcionamiento eficiente de los mercados.

Asimismo, la democracia es condición para lograr altas tasas de ahorro e inversión productiva de largo plazo, que necesitan confianza y seguridad jurídica y política, rehúyen los cambios bruscos en las reglas del juego y prosperan bajo el imperio de la ley.

Por último, la democracia es condición para una eficiente relación entre Estado y ciudadanos: a mayor democracia, mayor posibilidad que las políticas públicas respondan a intereses sociales más amplios. No es casual que los países de la región con mayor tradición y densidad democrática sean también socialmente más avanzados.

Desde la perspectiva de los derechos humanos y las libertades civiles y políticas ha existido desde hace tiempo una legitimidad política de la demanda democrática. Ahora emerge también una legitimidad social y económica de esa demanda. Para atenderla debemos incrementar sustancialmente el "capital político" de los países de la región.

En esa línea de incrementar el "capital político" de los países de América Latina y el Caribe, el Banco Interamericano de Desarrollo ha venido apoyando proyectos de reforma, modernización y fortalecimiento de las instituciones democráticas, como los órganos legislativos y judiciales. También se han apoyado las instituciones destinadas a cautelar la transparencia en la gestión pública, así como aquéllas destinadas a cumplir los papeles de una supervisión y regulación profesional y objetiva. Y más recientemente se está emprendiendo, en algunos países, una tarea democrática largamente postergada: el establecimiento de un servicio civil basado en el mérito que es el más efectivo antídoto del clientelismo y el populismo, y de la "privatización perversa del Estado".

Enrique V. Iglesias es presidente del Banco Interamericano de Desarrollo.