Del Olmo imputa también al confidente Zouhier por tenencia ilícita de armas
El acusado por el 11-M declara durante cuatro horas en su quinta comparecencia ante el juez
El juez Juan del Olmo, a instancias de la fiscal Olga Sánchez, imputó ayer por delito de tenencia ilícita de armas a Rafá Zouhier, el confidente de la Guardia Civil que puso en contacto a los islamistas radicales de la llamada célula de Morata de Tajuña con los miembros de la trama de tráfico de explosivos de Asturias posibilitando así los atentados del 11-M. Zouhier, que fue detenido el 19 de marzo y al que Del Olmo metió en prisión por su presunta colaboración con una organización terrorista, ve así aumentada su responsabilidad. Ayer, compareció por quinta vez en el juzgado y declaró durante casi cuatro horas.
Al término de su comparecencia y mientras era conducido esposado a los calabozos de la Audiencia Nacional, Rafá Zouhier, de 25 años y natural de Casablanca (Marruecos), insistió en su inocencia. "Soy inocente", dijo. "Yo quiero mucho a España, y aunque me condenen voy a querer a España igual", agregó. Preguntado por los periodistas sobre cómo había ido la declaración, respondió: "Todo bien, todo bien".
Fuentes de la investigación afirmaron que Zouhier había realizado precisiones y matizaciones del contenido de sus declaraciones anteriores. A propósito de las mismas, la fiscal Sánchez solicitó que se ampliase la imputación de Zouhier a tenencia ilícita de armas, debido a que en su declaración del pasado 26 de agosto reconoció ante el magistrado que tuvo en su poder una pistola del calibre 6,35 que se la había proporcionado un amigo llamado Lofti, presunto jefe de un clan de delincuentes, al que a su vez se la había vendido un guardia civil llamado Pedro, que se encuentra en paradero desconocido y al que se vincula con el tráfico de armas.
Pistola en el colchón
El hecho de que Zouhier tuviera una pistola había sido revelado al juez por una antigua novia del confidente, quien dijo que la guardaba en una caja y que ella la había visto.
No obstante, Zouhier explicó al magistrado que guardaba la pistola en un hueco realizado a tal efecto en su colchón.
La Guardia Civil pudo comprobar con posterioridad a la declaración de Zouhier que efectivamente en el colchón, aparte de una quemadura, supuestamente realizada por la explosión de un detonador facilitado por el clan de los asturianos, se encontraba un hueco que podría albergar un arma corta.
Por eso, y a la vista de que su propia confesión está ratificada por otras pruebas objetivas, la fiscal reclamó la ampliación de la imputación al delito de tenencia ilícita de armas. Este delito está tipificado en el artículo 563 del Código Penal y castigado con penas de uno a tres años de cárcel.
Para avanzar en la investigación de ese delito también comparecerá para declarar en calidad de imputado Lofti Sbai, al que igualmente se imputará un delito de tenencia ilícita de armas prohibidas.
Zouhier estuvo internado como preso preventivo en la cárcel de Villabona (Asturias) entre el 21 de septiembre de 2001 y el 5 de febrero de 2002 por un delito de robo con violencia. Allí coincidió con Antonio Toro, cuñado del ex minero José Emilio Suárez Trashorras, y facilitó a un hombre llamado Hassan el contacto para hacerse con los explosivos utilizados el 11-M.
El juez Del Olmo ha tenido clara la participación de Zouhier en los hechos. Así, en el auto del pasado 19 de julio, señaló que "en el desarrollo de la investigación ha aflorado una realidad a valorar: la preparación material de los atentados se materializó en escasos meses". Y destacó que de las declaraciones de varios imputados resultaba que la obtención de los explosivos y detonadores a partir del último trimestre de 2003 está vinculada a relaciones previas de tráfico de drogas; y en ellas habrían estado presentes Rachid Aglif, Rafa Zouhier y José Emilio Suárez Trashorras.
El juez estableció la relación de los tres con Jamal Ahmidan, y el conocimiento que los tres tenían de las actividades de éste. Zouhier lo reconoció en la declaración del pasado 17 de junio, aunque precisó que los datos o la información procedían, entre otros, de Rachid Aglif, pero éste lo negó. "Es evidente", decía el juez, "-no sólo por la presencia de todos ellos en determinadas reuniones- que el nivel de relación y de conocimiento entre todos ellos, puesto de evidencia en las investigaciones, va más allá de las relaciones exclusivamente por tráfico de drogas".
Así lo ha entendido también la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que el pasado miércoles confirmó la prisión de Zouhier y le achacó haber generado deliberadamente "confusionismo". Agregó el tribunal que Zouhier pretendía ampararse en una presunta colaboración con la Guardia Civil, pero que éste no facilitó ningún dato antes del 11-M a pesar de conocer el radicalismo de Jamal Ahmidan.
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