Yihadistas en España

Con la captura en Valencia del argelino Mohamed Boualem Khouni, por orden del juez Garzón, son ya 35 los detenidos en las últimas semanas acusados de formar parte de la trama que preparaba atentados contra la Audiencia Nacional y otros edificios públicos de la capital de España. Si se añaden los 65 apresados en relación al 11-M, son ya casi un centenar los detenidos por supuesta relación con el terrorismo de masas desde marzo. La mayoría de ellos son marroquíes y argelinos, aunque hay también 17 españoles. Casi todos residían desde hace tiempo en España y varios de ellos ya habían sido investigados e incluso detenidos, como este último de Valencia, que lo había sido en septiembre de 2001, a petición de Bélgica, y puesto en libertad un mes después.

Según la teoría de Richard Clarke, ex asesor para temas de terrorismo de Reagan, Clinton y Bush, la red terrorista islamista se compone de varios círculos concéntricos organizados en torno a un núcleo central formado por varios cientos de activistas de Al Qaeda. Los detenidos en España formarían parte de un segundo círculo integrado por miles de personas dispuestas a matar y morir por su causa, organizadas en células locales, y que contarían con el apoyo de un tercer círculo, mucho más amplio, de simpatizantes dispuestos a colaborar esporádicamente aportando dinero y otras ayudas.

De las investigaciones policiales y declaraciones ante la comisión del 11-M se deduce que las fuerzas de seguridad tenían bastante más información de lo que se suponía sobre estas tramas, aunque, por tratarse en su mayoría de personas que no habían cometido delitos, no fueron detenidas. Tras el 11-M se han comprobado interconexiones entre las distintas células detectadas y también vinculaciones entre los autores de esa matanza y los de otras anteriores, especialmente la de Casablanca de mayo de 2003. Hoy se conoce mejor el funcionamiento de estos grupos, incluyendo la captación de delincuentes comunes en las prisiones.

Una de las enseñanzas del 11-M es que hay que detener a los sospechosos ante cualquier señal de que preparan un atentado. Ello implica, como ha reclamado Garzón, una adecuación de los medios y de los instrumentos jurídicos, ya que los actuales, pensados fundamentalmente para ETA, no siempre permiten actuar a tiempo contra actividades (como las desarrolladas dentro de las prisiones) que, sin embargo, forman parte de una cadena que tiene como acto final la matanza indiscriminada.