El Supremo remite a la Audiencia de Madrid el 'caso fondos reservados' para que ejecute la sentencia de Vera
El Tribunal Supremo remitió ayer los 70 tomos de actuaciones sobre el caso de los fondos reservados del Ministerio del Interior a la Sección Quinta de la Audiencia de Madrid que, como tribunal de instancia, es el encargado de ejecutar la sentencia que ha declarado firme la condena al ex secretario de Estado para la Seguridad Rafael Vera a siete años de prisión por delito continuado de malversación.
La misma sentencia condena al ex director general de la Policía José María Rodríguez Colorado a seis años de prisión por el mismo delito. Éste ya ha dirigido un escrito al tribunal en el que solicita la suspensión de la ejecución de la sentencia en tanto el Gobierno se pronuncie sobre el indulto que ha solicitado a título personal. También ha dirigido un escrito al tribunal proponiendo un plan de pago de los 539.000 euros (89 millones de pesetas) que tiene que devolver.
El ex presidente Felipe González y los ex ministros José Barrionuevo y José Luis Corcuera han firmado otra petición de indulto total para Vera y Rodríguez Colorado a la que se han adherido personalidades de la antigua dirección socialista.
Antes de proceder a la ejecución de sentencia, la Audiencia de Madrid deberá valorar la cuantía de las condenas, los antecedentes de los peticionarios y si han satisfecho sus responsabilidades civiles. Los jueces tienen la facultad de dejar en suspenso la ejecución de la pena mientras no se resuelva el indulto si consideran que, al ejecutar la pena, la finalidad de la medida de gracia pudiera resultar ilusoria.
La tramitación de un expediente de indulto suele durar un año desde que se solicita. El Supremo dictó su sentencia el pasado 18 de octubre, pero ha tenido que esperar una veintena de días hasta responder a una petición de aclaración de la defensa de Vera, que fue desestimada.
El ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, afirmó anoche en el programa de TVE 59 segundos que "no existe ninguna predisposición favorable del Gobierno con delitos que tengan que ver con malversación de fondos públicos y enriquecimiento ilícito".
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