El decano de los arquitectos considera que "sobra espectáculo" y falta rigor en el desarrollo de Valencia
El decano del Colegio Oficial de Arquitectos de la Comunidad Valenciana, Fabián Llisterri, sostuvo ayer que "sobra espectáculo y falta arquitectura y planeamiento serio" en el desarrollo de Valencia a propósito del reciente anuncio del Ayuntamiento y de la Generalitat de facilitar la construcción de cuatro rascacielos de más de 200 metros de altura, diseñados por Santiago Calatrava, junto a la Ciudad de las Artes y las Ciencias, y a propósito también del posible proyecto de la fachada al mar encabezado por Jean Nouvel. "Sobran proyectos emblemáticos y arquitectos estrella", añadió. "Lamentamos que se ignore a los más de 3.500 profesionales de la arquietctura que hay en esta comunidad. Seguimos con la idea, propia de sociedades subdesarrolladas, de que lo de fuera siempre es mejor que lo de aquí, aunque haya que pagarlo mucho más caro. Parece que lo emblemático proporcione votos y que los programas políticos tengan que apoyarse en determinados nombres propios de arquitectos de relumbrón", señaló.
Tras lamentar la escasez de concursos públicos para llevar adelante proyectos y "que los pocos que se convocan no tengan ni la seguridad de ser ejecutados, ni la garantía de un jurado independiente y de calidad", Llisterri incidió en que el "intento permanente de dejar al ciudadano con la boca abierta con edificios espectaculares no es un criterio de desarrollo urbano ni de calidad arquitectónica".
Por otra arte, el portavoz adjunto del grupo socialista en las Cortes, Andrés Perelló, manifestó ayer que los rascacielos "son otra mentira del PP". La operación urbanística "no es más que un intento de sanear la deuda pública generada por los distintos gobiernos del PP en la Generalitat", añadió. El proyecto sirve para demostrar que el PP "miente ahora y mentía ya en 1995 cuando se cargaron el proyecto de la Torre de Telecomunicaciones, alegando peligro para el tráfico aéreo". Además denunció que las "continuas deudas" que la Generalitat soporta "la obligan a vender suelo en cantidades industriales".
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