Los 250 latidos de la democracia
Los ayuntamientos reclaman una mayor autonomía del poder local al cumplir sus bodas de plata
El 3 de abril de 1979 se celebraron las primeras elecciones municipales de la democracia en España, después de cuatro décadas de dictadura. A mediados de ese mismo mes, al amparo de la Constitución promulgada un año antes, el nuevo régimen alumbró las primeras corporaciones locales democráticas, un acontecimiento histórico que supuso el inicio de un proceso de profunda transformación política, social y económica en todo el país. Los periódicos del País Vasco de la época reservaban los titulares más destacados para las constantes movilizaciones callejeras contra la construcción de la planta nuclear de Lemoniz, los desgarradores atentados terroristas de ETA -en 1979 la banda se cobró 76 víctimas- y el intenso debate político sobre el Estatuto vasco.
Son varios miles los concejales que desde 1979 han trabajado al servicio de su pueblo. Y a muchos les ha costado la vida.
Las instituciones locales han sido una pieza clave en el acercamiento de los ciudadanos a los centros de poder
En estas circunstancias nacieron los 233 ayuntamientos vascos -hoy son ya 250 después de la desanexión de varios municipios-, y desde este ámbito comenzó el PNV a perfilar su poder hegemónico en Euskadi. Construyó su particular "latifundio municipal" con el control del 60% de las alcaldías vascas, entre otras las de las tres capitales: Jon Castañares fue alcalde en Bilbao, Jesús María Alkain en San Sebastián y José Ángel Cuerda en Vitoria. El socialista Julián Balduz tomó posesión en Pamplona, e históricos como Enrique Tierno Galván o Julio Anguita fueron los primeros regidores en Madrid y Córdoba, respectivamente.
El paso del tiempo ha podido constatar que aquellas primerizas corporaciones locales, que han ido renovándose cada cuatro años, se mostraron como una pieza clave en el desarrollo y la consolidación de la democracia y facilitaron el acercamiento de los ciudadanos a la administración municipal. La apertura de los ayuntamientos a sus vecinos, que paulatinamente han ido conquistando las sedes consistoriales como un lugar de participación, ha permitido acortar la distancia entre gobernantes y ciudadanos e implicar a éstos en los asuntos municipales y en actividades sociales, culturales y deportivas.
Han sido los ciudadanos, en realidad, quienes han otorgado o retirado la confianza a sus gobernantes cada vez que el ciclo electoral llamaba a las votaciones. El efecto de los siete comicios locales celebrados hasta la fecha no ha deparado grandes cambios en la correlación de fuerzas políticas. El PNV ha conservado casi intacta la supremacía; Herri Batasuna -con sus sucesivos cambios de denominación- se mantuvo como la segunda fuerza hasta su ilegalización, y el PSE se ha consolidado en muchos de los pueblos más poblados de Euskadi. En los dos últimos mandatos, PNV, PSE y PP se han instalado al frente de Bilbao, San Sebastián y Vitoria, respectivamente.
Son varios miles los cargos electos que en este periodo han entregado su esfuerzo para servir a los ciudadanos y a las instituciones democráticas. A muchos les ha costado la vida. ETA ha colocado sus nombres en un lugar destacado de la crónica negra del poder local. Los terroristas mantienen hoy en firme el acoso y la amenaza de muerte contra los ediles no nacionalistas, con más intensidad desde que fracasó el pacto de Lizarra. Los terroristas mataron a Gregorio Ordóñez en enero 1995 y dos años después, a Miguel Ángel Blanco. En la lista de corporativos asesinados figuran José Luis Caso, José Ignacio Iruretagoyena, Tomás Caballero, Manuel Zamarreño, Fernando Buesa, Jesús Mª Pedrosa, Manuel Indiano, Froilán Elespe, José Javier Múgica y Juan Priede, además de otras cinco víctimas abatidas fuera de Euskadi y Navarra.
Ley municipal
Durante estos cinco lustros, los ayuntamientos han visto crecer su estructura y aumentado el grado de atribuciones, lo que ha propiciado una esforzada tarea de transformación de la imagen y la vida de los pueblos y ciudades. La aprobación de la ley 7/1985, reguladora de las Bases de Régimen Local, supone el punto culminante en el verdadero proceso hacia la democratización de los ayuntamientos. La nueva norma, considerada como el principio de los tiempos modernos del poder local porque adecua el funcionamiento de las entidades locales al marco constitucional, entierra para siempre todo el cuerpo normativo que aún se arrastraba de la etapa franquista.
Las instituciones locales, que en los albores de la democracia se limitaban a gestionar unas pocas parcelas de poder, han ido copando con el tiempo mayores cotas de responsabilidad, acorde por lo general con las necesidades demandadas por la ciudadanía. Se han involucrado en la construcción de nuevas infraestructuras, la ordenación del desarrollo urbanístico y la creación de equipamientos sociales, sanitarios, educativos, culturales, deportivos... En muchas ocasiones, esta labor de los municipios ha superado con creces su propia capacidad y, en otras, su estricto nivel competencial.
El progresivo aumento de los recursos económicos en manos de los municipios ha propiciado que, en determinados momentos, hayan asumido actuaciones (en materia de vivienda, empleo y asistencia social, por ejemplo) que en realidad corresponden a otras administraciones. Ha sido, en algunos casos, a costa de recurrir al endeudamiento. Según el último informe del Tribunal Vasco de Cuentas, referido a las cuentas de los ayuntamientos de 2001, la deuda de las haciendas locales ascendió a 538,7 millones de euros en el citado ejercicio.
Los 250 ayuntamientos gestionan unos presupuestos que suman 2.205 millones de euros en total, alrededor de una cuarta parte de los rescursos de todas las administraciones públicas. No obstante, reivindican un mayor nivel participación en el reparto de los dineros públicos para afrontar sus necesidades. Para ello, esperan como agua de mayo la aprobación de la ley Municipal vasca, una norma ya prevista desde que la entrada en vigor de la ley de Territorios Históricos (LTH) en 1983 y que sigue pendiente desde entonces. La nueva normativa municipal debe precisar las competencias de los ayuntamientos y definir los recursos que les corresponden. Así lo demandan las entidades locales a través de la Asociación de Municipios Vascos, Eudel, que exige una mayor autonomía local para los ayuntamientos y la reducción al máximo del control de las decisiones municipales por parte del Gobierno vasco y de las tres diputaciones forales.
Al cumplir sus bodas de plata democráticas, más de 8.000 municipios españoles festejarán esta efemérides con un encuentro para debatir sobre la vida y la política municipal. Se celebrará desde hoy hasta el 26 de noviembre en Vitoria, sede elegida por la Federación Española de Municipios y Provincias, promotora del evento. Bajo el lema Toda una vida, los responsables locales reflexionarán sobre el papel de los ayuntamientos en la construcción de la España de las autonomías y sus retos para los próximos 25 años. La conmemoración incluye una exposición que hoy inaugura el Rey y viajará por España.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.