El comité de expertos de patrimonio aprueba las obras de la M-30

Los restos arqueológicos o paleontológicos del subsuelo de Madrid no serán obstáculo para el proyecto de Alberto Ruiz-Gallardón de soterrar un tramo de la M-30, a pesar de que las 200 catas realizadas revelan que en el subsuelo hay restos paleontológicos. La Comisión de Asesoramiento Arqueológico y Paleontológico, creada por el Gobierno regional para supervisar el plan municipal de soterramiento ha dado su definitivo visto bueno a los últimos cuatro tramos de las obras, los que incluyen la zona del Manzanares (entre la Casa de Campo y el nudo sur).

Fuentes de la Consejería de Cultura, instancia de la que dependen los permisos definitivos para que el Ayuntamiento comience los trabajos, han afirmado que con el informe positivo de la comisión, el Gobierno regional dará en breve su permiso para el inicio de las obras, que aún no han arrancado en el tramo paralelo al río Manzanares por la falta de estos informes.

La comisión cree que el Ayuntamiento ofrece suficientes garantías científicas -contrata-ción de los adecuados equipos de arqueólogos- para efectuar el soterramiento de la M-30. Además han contrastado que las más de 200 catas realizadas hasta ahora en el área que se va a soterrar no hacen temer por la destrucción de ningún yacimiento, siempre y cuando los trabajos se hagan con el suficiente cuidado y vigilancia. De hecho, un grupo de expertos -que deberán ser sufragados por el Ayuntamiento de Madrid- tendrá que supervisar la zona a horadar, antes de que entren las excavadoras. Posteriormente, analizarán a pie de obra los escombros y tierras extraídos del subsuelo. Algunas de las catas previas ya realizadas (zahanorias, en argot arqueológico) han alcanzado los 30 metros de profundidad, lo que ha permitido comprobar que hay restos paleontológicos.

Esta comisión está integrada por algunos de los mejores expertos en sus respectivas especialidades de España. Está formada por Alfredo Pérez González (geólogo, profesor titular de la Universidad Complutense de Madrid), Jorge Morales (paleontólogo, investigador del Centro Superior de Investigaciones Científicas del Museo de Ciencias Naturales), Inmaculada Rus (arqueóloga, técnico de la Dirección General de Patrimonio), Manuel Santonja (arqueólogo, especialista del Museo Arqueológico Regional de Madrid) y Javier Baena (arqueólogo, profesor universitario y miembro de la Sección de Arqueología del Colegio de Doctores y Licenciados).

La comisión, creada a raíz de la Orden 1641/2003, de 30 de octubre, tiene la función de asesorar y colaborar con los responsables de los proyectos, así como el asesoramiento sobre las soluciones más adecuadas en el caso de que se produzcan hallazgos durante las obras, centrándose en cuestiones relativas a investigación y protección del patrimonio.

Facilidades

Fuentes de la comisión señalan que la Comunidad de Madrid "ha dado todas las facilidades posibles" para este trabajo. "No somos políticos, sino técnicos, y sólo reclamábamos poder trabajar con total libertad. Y así ha sido. Seguiremos vigilando por la protección del patrimonio, ya que la Comunidad ha decidido que se mantenga la comisión hasta que acaben las obras", señalan.

No obstante, estas fuentes recuerdan que la zona que el Ayuntamiento quiere abrir goza de la máxima protección patrimonial -las terrazas del Manzanares- y que en el subsuelo se hallarán previsiblemente restos de "importancia". Las terrazas del Manzanares están catalogadas Bien de Interés Cultural desde hace 11 años. Todo el río, entre El Pardo y Getafe, está protegido por su "excepcional" valor histórico, reconocido internacionalmente desde hace más de siglo y medio. Los museos de Madrid, fundamentalmente el de Ciencias Naturales y el Municipal, guardan numerosas muestras de los hallazgos allí realizados: mamuts, tortugas gigantes y villas romanas.

El área afectada por la protección legal incluye, entre otras, el paseo del Marqués de Monistrol, el puente de Segovia, el paseo de Extremadura y de la ermita del Santo, las calles de Sepúlveda, Antonio López y General Ricardos. Los técnicos que redactaron el decreto de protección en 1993 consideraron que había un centenar de yacimientos destacados en la zona. Estos yacimientos son conocidos desde el siglo XIX cuando comenzaron a encontrarse restos de grandes vertebrados cerca del puente de Toledo.