Archivos contra el olvido

Redescubrir la historia trágica de un pueblo, preservar las pruebas que un día permitirán que se haga justicia. Establecer las responsabilidades de las violaciones de los derechos del hombre, permitir que se haga justicia y que las víctimas conozcan la verdad; para todo ello hacen falta pruebas. Ahora bien, se tiende a olvidar una evidencia: las pruebas se encuentran en su mayor parte en los archivos.

El proceso de toma de conciencia de su importancia se inició al día siguiente de la caída del muro de Berlín, momento en que han aparecido paneles enteros de la memoria colectiva de pueblos oprimidos: pensemos en los archivos del KGB, acumulados durante decenios y cruzados con los de la mayor parte de los países satélites; los 180 kilómetros de archivos de la Stasi en Alemania del Este; los del plan Cóndor, en América Latina, coordinando la represión planificada por los regímenes dictatoriales del Cono Sur, o, más aún, los expedientes desenterrados por Rithy Panh en su película S21, la máquina de la muerte.

Hay que permitir a las víctimas y familiares emprender su doloroso trabajo y rehabilitarlas

De un lado, los archivos de los opresores, producidos por servicios de identidades diversas e intercambiables: servicios especiales, de seguridad, de información... Burocracias frías y meticulosas, propias de todos los regímenes dictatoriales, preparadas siempre para amordazar la libertad de opinión y de expresión, controlar a las poblaciones, vigilar estrechamente a las minorías étnicas, raciales, religiosas. Otros archivos igual de esenciales son los de la gestión cotidiana (mantenimiento, intendencia, turnos de guardia, agendas...), los del aparato logístico de la opresión, los de prisiones secretas, los de hospitales clandestinos y los de medios de transporte.

De otro lado, los archivos de los oprimidos, pacientemente reunidos por las organizaciones de defensa de los derechos humanos, las comunidades religiosas, las organizaciones internacionales (especialmente la base de datos internacional sobre desapariciones forzosas a cargo del Alto Comisariado de derechos del hombre en Ginebra) o, recopilados por las comisiones llamadas "Verdad y reconciliación" que jalonan todos los continentes -existen más de veinte en estos momentos- para intentar responder a una cuestión lancinante: ¿cómo se ha podido llegar hasta ahí?

Aquí, archivos del terror, hechos sobre informes fundados en la delación erigida en sistema, sobre "confesiones" arrancadas bajo tortura, sobre escuchas ilegales. Allí, archivos del dolor, construidos a base de múltiples testimonios orales y escritos, grabaciones audiovisuales; documentos todos cuya sedimentación permite redescubrir la historia trágica de un pueblo, preservar las pruebas que un día permitirán que se haga justicia, que una sociedad pueda tomar el camino que conduce a la democracia. Hace falta pues, mirando su historia de frente, permitir a las víctimas y a sus familiares emprender su doloroso trabajo, repararlas y rehabilitarlas y, abordar finalmente, tras la fase de "conciliación", la de "reconciliación".

Todos estos documentos únicos son muy vulnerables. Por razones evidentes los archivos de los opresores se encuentran, por naturaleza, amenazados de destrucción deliberada cuando se negocia un acuerdo de paz o se inicia un proceso de transición a la democracia. Los de los oprimidos corren el riesgo de desaparición involuntaria, por falta de medios o desconocimiento de los procedimientos de depósito de fondos en archivos.

El archivo juega también un papel preventivo esencial: evitar la vuelta de los años negros, el Nunca Más de la Comisión argentina, y prevenirse del revisionismo y del negacionismo.

Por todas estas razones es urgente sensibilizar a los gobiernos, a la sociedad civil y a la comunidad internacional del papel fundamental de estos archivos. Teniendo en cuenta los envites políticos, jurídicos, históricos y memoriales que representan, y los riesgos que corren, es función de los poderes públicos tomar las medidas necesarias para que los archivos de la opresión sean conservados, tratados y utilizados en condiciones materiales seguras, enmarcados en medidas legislativas y reglamentarias que protejan tanto los intereses del Estado como los de las personas.

La responsabilidad de la conservación de estos archivos sobrepasa los límites territoriales del Estado; muchos de ellos pueden encontrarse en un tercer país. Esta responsabilidad implica la toma de conciencia del conjunto de la comunidad internacional. Preocupado con razón por el futuro de los archivos del bloque soviético tras su derrumbamiento, el Consejo Internacional de Archivos preparó en 1999, con el apoyo de la Unesco, un informe sobre las actividades de los servicios llamados "de seguridad" de los regímenes represivos desaparecidos. Teniendo en cuenta la importancia que revisten los archivos de las organizaciones de defensa de los derechos humanos para los países que han sufrido el yugo de regímenes dictatoriales, se ha solicitado a la Unesco su inscripción en el patrimonio de la humanidad.

Otra reciente iniciativa por parte del Consejo Internacional de Archivos ha sido la puesta en marcha de un proyecto de "guía internacional de fuentes para la defensa de los derechos humanos". Su fin es identificar y localizar estos fondos, hacerlos accesibles en condicionales legales, proteger las fuentes alternativas que han dado lugar a la constitución de auténticos archivos de la represión, y animar a los países concernidos a tomar las medidas para transmitirlos a las generaciones futuras.

En lo que se refiere a la ONU, un informe sobre la protección y promoción de los derechos del hombre en la lucha contra la impunidad propone a la Comisión de derechos del hombre someter a la aprobación de la Asamblea General un conjunto de principios destinados a incitar a los Estados a tomar medidas en este sentido. El principio 2 enuncia lo que -según nosotros- debería convertirse en uno de los principios fundamentales del derecho internacional: "El conocimiento por un pueblo de la historia de su opresión pertenece a su patrimonio y, como tal, debe ser preservado con medidas apropiadas en nombre del deber de memoria que incumbe al Estado".

Perrine Canavaggio es secretaria general adjunta del Consejo Internacional de Archivos y Louis Joinet es relator especial en Naciones Unidas acerca de la lucha contra la impunidad.