El Gobierno ofrece al PP pactar las "principales líneas" de la campaña para el referéndum europeo

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, anunció ayer su pretensión de "poner en común" con el PP y otros partidos "las principales líneas de la campaña para el referéndum" sobre la Constitución europea. Lo hizo público en la clausura de las jornadas que el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales ha organizado sobre la Constitución de la Unión Europea, bajo la dirección del historiador José Álvarez Junco.

El Gobierno, tras haber logrado pactar con el PP la fecha y la pregunta del referéndum así como los términos de la consulta al Tribunal Constitucional para que decida si es preceptiva una reforma de la Constitución española, ahora pretende acordar el lema de la campaña del referéndum del 20 de febrero y su financiación.

La causa de la pretensión gubernamental de ampliar el consenso a la campaña para implicar en la movilización del voto a los partidos, especialmente el PP, radica, en palabras de Fernández de la Vega, en que "nos jugamos mucho como país, como ciudadanos europeos y como españoles". "Creo que sería bueno que celebráramos la entrada en vigor de la Constitución europea con la misma ilusión entusiasta con que celebramos nuestra entrada en Europa en 1986".

El Gobierno cree que no debe haber problemas para pactar con el PP elementos de la campaña institucional del referéndum como el lema o la financiación de la misma. El PP se ha negado a reformar leyes como la Electoral o la de Financiación de partidos para propiciar dicha financiación. Pero el Ejecutivo cree posible que el mailing puede ser financiado a través de una partida de los Presupuestos del Estado.

El Ejecutivo quiere evitar que se produzca una alta abstención, de la que ya fue un aviso la baja participación en las elecciones europeas de junio en España, treinta puntos menos que en las generales, celebradas tan sólo tres meses antes. Ayer, Fernández de la Vega aludió a este temor al señalar que "el voto de protesta" en el referéndum sobre la Constitución de la UE o la "abstención fiada en la confianza" de que está asegurado el proceso de construcción europea "tiene un previo elevado".

No habrá "reforma agravada"

De lo que están convencidos la vicepresidenta primera y el secretario general del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso, Diego López Garrido, es de que la resolución del Constitucional sobre la adaptación de la Ley Fundamental española a la Carta europea no va a requerir una "reforma agravada" de la primera, esto es, otro referéndum y la consiguiente disolución de las Cortes.

No obstante, el Gobierno tiene prevista una "reforma precisa, limitada y concreta" del texto constitucional español para adaptarlo a la Carta europea, y a la que ayer aludió Fernández de la Vega en su intervención. "Se trata de europeizar la Constitución española", dijo López Garrido, que recordó que ya está prevista en el programa con el que el PSOE se presentó a las elecciones.

Su fórmula concreta se traduciría en introducir en los artículos 10,2 y 93 de la Constitución española una referencia expresa a la Carta europea, hoy inexistente. No obstante, el Gobierno se mantiene a la espera de la resolución que el Constitucional determine antes de dos meses.

Ayer, la vicepresidenta primera se hizo eco en su intervención de un consejo de Álvarez Junco, que "debe hablarse más del contenido de la Constitución europea que de los procedimientos". Fernández de la Vega insistió en que la Constitución europea "refuerza la Constitución de 1978 porque acoge los mismos valores".