Otra donación benéfica de terrenos acaba en manos de una urbanizadora

Una fundación creada en virtud del testamento de Dolores Viudes Blasco, una acaudalada mujer de Guardamar que falleció en 1926 sin herederos forzosos y dejó en manos de unos albaceas todos sus bienes para la asistencia de ancianos y enfermos pobres de esa villa, vendió un solar de la testadora de 46.675 metros cuadrados a una promotora por 3,6 millones de euros, la mitad del valor del suelo en ese sector, en la partida del Oliverón de Guardamar. El ex alcalde del PP Francisco García Gómez, patrono de la fundación, había recalificado previamente los terrenos.

La nueva alcaldesa pide a la Generalitat que no autorice la operación

Propietarios del sector vendieron el metro cuadrado al doble que la fundación

La operación inmobiliaria se fraguó en el pasado mandato, con el PP en el gobierno municipal -el alcalde es patrono de la fundación-, después de que la entidad sin ánimo de lucro firmara un convenio urbanístico con la promotora que compró el suelo, la firma madrileña Urbanizadora Z03, del empresario Miguel Montoro.

Hasta que la Fundación Dolores Viudes Blasco se constituyó como tal en 1987, los albaceas del legado fueron, por expreso deseo de la testadora, un sacerdote de la catedral de Orihuela y un cura de la parroquia de Guardamar. En 1987, con el PSPV en el poder municipal, se creó la fundación y se nombró como patronos al párroco de la iglesia de Guardamar, al vicario de esa parroquia, al alcalde del municipio, al juez de paz, a la superiora de las carmelitas en esa población y al secretario municipal. El objeto de la entidad, según sus estatutos, era la asistencia de ancianos y necesitados y la instrucción de niños de Guardamar del Segura. En 1995, poco antes de las elecciones municipales y con el PSPV todavía al frente del gobierno local, se redactó un proyecto para construir una residencia para ancianos en la casa de la testadora, ya que Dolores Viudes dejó textualmente escrito en su legado que su residencia debía dedicarse a "hospital para la asistencia de enfermos pobres de esta villa".

El PP ganó las municipales de 1995 y de aquel proyecto de residencia de ancianos nada se supo hasta 1998, cuando la fundación alteró los estatutos y confirió otro enfoque a la misma. En octubre de 2000 se aprobaron unos nuevos estatutos que ampliaron el ámbito de actuación de la entidad a toda la Comunidad Valenciana. Puesto que las carmelitas habían abandonado su congreción en Guardamar entró a formar parte de la fundación el presidente de Cáritas de la localidad. Antes de perder las elecciones en 1995, el alcalde socialista Manuel Aldeguer había reservado un colchón de suelo para la ampliación del cementerio municipal y una parte de la finca de la testadora estaba afectada por esa servidumbre. Hasta que el gobierno del PP, en 1999, con Francisco García Gómez al frente, aprobó la recalificación del suelo y toda la zona pasó a ser urbana. Poco después, ya en 2000, se produjo una operación inmobiliaria a varias bandas: la fundación vendió la casa de la testadora por 265 millones de las extintas pesetas, y su solar de 46.675 metros cuadrados en la partida del Oliverón a Urbanizadora Z03 por 600 (unos 3,6 millones de euros). Al mismo tiempo, el Ayuntamiento cedió a la fundación una parcela de 2.300 metros cuadrados en el parque Reina Sofía para la construcción, con los fondos obtenidos por la operación inmobiliaria, de un geriátrico.

Antes, durante y después de que la fundación vendiera el terreno, propietarios de ese mismo sector vendieron el suelo al doble de precio que la entidad benéfica, según han confirmado a este diario varios de ellos.

En el suelo cedido por el Ayuntamiento y con el dinero obtenido por la venta del patrimonio inmobiliario de la fundación se ha construido una residencia de ancianos -aún no operativa- con 100 camas y 110 plazas de aparcamiento, cuya explotación se ha cedido directamente -sin concurso- a la empresa Instituto Geriátrico Mediterráneo (Casaverde), a cambio de una reserva de 8 camas para la fundación. Pero la Consejería de Justicia, a través de su Protectorado de Fundaciones, ha rechazado ese acuerdo, suscrito en junio de 2002, porque supondría un perjuicio económico para la fundación valorado en dos millones y medio de euros. Para salvar el escollo, la fundación suscribió otro convenio con la empresa -aún pendiente de resolver por la Generalitat- según el cual la fundación dispondría de cuatro camas y percibiría 180.000 euros anuales.

Entretanto, el PSPV recuperó el gobierno en las últimas elecciones locales y la alcaldesa, Marylène Albentosa, en calidad de patrona de la fundación, ha pedido a la Genalitat que no autorice el convenio. La alcaldesa asegura que no va a tolerar que con los bienes de la testadora se sigan haciendo negocios que desvirtúan el legado de Dolores Viudes.