Comparecencia oportuna

En su comparecencia en la comisión parlamentaria andaluza que estudia la reforma del Estatuto de Autonomía, Miquel Roca afirmó que ninguna comunidad "puede pretender más derechos que otras". En su artículo dominical de EL PAÍS del pasado 31 de octubre, Santos Juliá recordaba que cada vez que la sociedad española se ha planteado una descentralización política de su Estado, se ha acabado imponiendo una estructura simétrica para todas los territorios que integran España, bien se los califique de estados, como hacía la Constitución republicana federal de 1873, bien de regiones, como hizo la de la Segunda República, bien de nacionalidades y regiones, como ha hecho la actualmente vigente de 1978.

Cada comunidad tiene derecho a ser diferente, pero no a transformar su diferencia en privilegio

La afirmación de Miquel Roca es de naturaleza prescriptiva, expresa un deber ser: la igualdad que califica el reconocimiento del derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones, de acuerdo con el tenor literal del artículo 2 de la Constitución, no debe entenderse simplemente en el sentido de que todos los ciudadanos, independientemente de su lugar de residencia, sean titulares de derechos en condiciones de igualdad, sino que debe extenderse también a la posición de cada territorio, de cada comunidad autónoma en la estructura del Estado.

Ninguna comunidad autónoma puede pretender para sí algo que no pueda pretender exactamente igual cualquier otra. Resulta curioso que los términos en que se expresó el político catalán son casi los mismos que utilizó Hobbes en el capítulo XIII de El Leviatán para definir la igualdad como punto de partida para explicar la constitución del Estado, poniendo fin de esta manera al paradigma aristotélico de la desigualdad natural y de la consiguiente justificación de la esclavitud que había dominado la teoría política hasta la fecha. No es que todos seamos iguales. Todos somos diferentes. Tanto los individuos como las comunidades en que vivimos. Lo que no se puede aceptar es que la diferencia se convierta en desigualdad. Cada ser humano y cada comunidad política tiene derecho a ser diferente, pero no tiene derecho a transformar su diferencia en privilegio, en una posición de preeminencia sobre los demás. La diferencia da derecho a la diferencia, pero no a la desigualdad.

La afirmación de Santos Juliá es de naturaleza descriptiva. Él no se plantea el problema de si todas las nacionalidades y regiones tienen que tener o no la mismo posición en la estructura del Estado, sino que se limita a decirnos qué es lo que ha ocurrido en la historia constitucional de España cada vez que hemos decidido reformar la estructura del Estado y transitar de un Estado unitario a otro políticamente descentralizado. O a la entrada, como ocurrió en 1873, o a la salida, como estaba ocurriendo con base en la Constitución de 1931, cuando el proceso quedó interrumpido por la Guerra Civil, o como ha ocurrido con base en la Constitución de 1978, el Estado español se ha descentralizado políticamente de manera global, quedando equiparadas jurídicamente todas ellas en lo que a su posición en la estructura del Estado se refiere.

Me ha parecido oportuno recordar estas dos intervenciones porque creo que pueden ayudar a serenar el debate sobre la reforma estatutaria en curso en nuestra comunidad autónoma. Miquel Roca no es en estos momentos un político en activo, pero sigue siendo Miquel Roca y su opinión sigue pesando y expresando la opinión de muchos ciudadanos en Cataluña. Su intervención en el Parlamento de Andalucía ha venido a desmentir de una manera elocuente esa idea de que hay una suerte de conjura en el norte de España para imponer un Estado autonómico asimétrico, en el que se vería devaluada la posición de Andalucía frente a la de las llamadas nacionalidades históricas. No se puede desconocer que hay quienes son partidarios de la asimetría, pero no es en modo alguno una posición general y ni siquiera posiblemente mayoritaria. Convertir el discurso sobre el peligro del Norte en un elemento central del debate sobre la reforma estatutaria en Andalucía sería un grave error, que no estaría justificado.

Porque además, y éste es el sentido del artículo de Santos Juliá, la evidencia empírica de que disponemos nos indica que no ha sido la dirección de la asimetría la que ha tomado históricamente la sociedad española. Si en el pasado, cuando las distintas regiones españolas carecían de cualquier tipo de expresión política institucional, siempre se extendía de manera general y uniforme por todo el territorio del Estado el ejercicio del derecho a la autonomía, una vez que se reconocía constitucionalmente tal derecho, ¿cómo no va a ocurrir ahora mismo, cuando todas las comunidades autónomas disponen de estatutos, parlamentos y gobiernos propios? ¿Hay alguien que pueda pensar que el PSOE o el PP podrían caer en la tentación en que cayó UCD en 1979-80 e intentar separar a las llamadas nacionalidades históricas de las demás regiones en lo que a su posición en la estructura del Estado se refiere? Aquella tentación fue políticamente un disparate, que acabó conduciendo a la desaparición de UCD como partido político. Hoy en día ya no es ni tentación, porque políticamente es inimaginable.

De manera distinta y desde perspectivas diferentes es lo que nos han recordado un político y un académico de reconocimiento general en todo el país. Creo que haríamos bien en retener lo que nos han dicho. No hay ningún motivo para que el debate sobre la reforma estatutaria no lo hagamos los andaluces mirándonos a nosotros mismos, sin complejos que carecen de justificación.