El Gobierno catalán ha recibido suelo municipal para edificar el año que viene 2.810 viviendas

El Gobierno catalán empezará el próximo año a construir 2.810 viviendas en municipios con los que ha firmado ya convenios. Estos acuerdos prevén la cesión de suelo público para construir bloques de pisos protegidos, tanto para venta como para el alquiler. La mayor parte de estas viviendas serán alquiladas a ancianos y jóvenes. Además, se creará un registro de quienes deseen acceder al alquiler y se limitará el derecho de venta de las casas protegidas.

El lema es "derecho a la vivienda" y con él se pretende acometer la construcción o rehabilitación de 42.000 viviendas en toda la legislatura. Para empezar, en 2005 se acometerá la edificación de complejos en diversos ayuntamientos con los que ya se han firmado los correspondientes convenios de cesión de suelo. Las obras las llevará a cabo el Incasol (Instituto Catalán del Suelo), gestionado conjuntamente por el Departamento de Medio Ambiente y Vivienda y el de Política Territorial. Una vez construidas, pasarán a depender de Adigsa, organismo que será sometido a una profunda reforma o, en palabras del secretario de Vivienda, Ricard Fernández, a su "refundación".

Adigsa se dedica ahora casi en exclusiva al mantenimiento de polígonos heredados en algunos casos de la época franquista. En el futuro seguirá con esta labor, pero gestionará también las nuevas construcciones y, además, dos registros: el de solicitudes de alquiler y el de transmisiones de pisos de protección oficial. También financiará rehabilitaciones de vivienda, a cambio de que sus propietarios las destinen al mercado de alquiler. El primer registro incluirá a todos los solicitantes, de modo que, en colaboración con los ayuntamientos, se establezcan criterios objetivos de entrega de las viviendas nuevas o de las que queden libres.Adigsa, cuyas funciones se integrarán en la futura Agencia Catalana de la Vivienda, asumirá también la gestión de la red de mediación social entre los propietarios que quieran alquilar sus pisos y los inquilinos, garantizando el cumplimiento de las condiciones pactadas.

La Agencia realizará también otra función: frenar las ventas de viviendas de protección oficial. Para ello, establecerá un registro de solicitudes y asumirá la responsabilidad de asignar comprador en el caso de la primera transmisión. Es decir, si alguien que ha accedido a una vivienda de protección oficial decide venderla no podrá hacerlo por libre y a quien quiera, sino que será la Secretaría de Vivienda la que le asigne comprador entre quienes se hallan en espera.

El número total de viviendas que el Gobierno catalán confía en construir, promover o rehabilitar en 2005 es de 9.000, la mitad de ellas de alquiler. Esta cifra debe ser mayor en los otros dos años de legislatura. Para ello, la política de Vivienda recibirá una notable inyección económica. En este primer año no será inferior a 50 millones de euros, que se sumarán a los que lleguen del Gobierno central dentro del plan general de la vivienda pactado entre el Ejecutivo que preside José Luis Rodríguez Zapatero y las comunidades autónomas.

Los convenios ya firmados con los municipios tienen objetivos diferentes. Así, en Alguaire (Segrià) se construirán 17 viviendas de alquiler; en Begur, 12; en Blanes, 12; en Montornès, 36, pero en Vilanova i la Geltrú habrá dos promociones que sumarán 112 viviendas.

Otros convenios son para pisos destinados a personas de avanzada edad. Es el caso de Vic, donde se han proyectado 64 viviendas; Teià (82) y Palafrugell (49), en todos los casos, también de alquiler.

Con el Ayuntamiento de Barcelona se han firmado varios, que permitirán 34 nuevas viviendas dentro del programa de reformas de barrios en El Polvorín y, con el mismo programa, 115 en la Colonia Trajana y 80 en la antigua Colonia Castells, en el barrio de Les Corts. La media de viviendas construidas en los 24 años anteriores es de 1.200. "Este programa tiene casi 3.000 y en todo el año empezaremos 9.000", explicó Ricard Fernández.