Las policías europeas estarán obligadas a intercambiar la información antiterrorista

La guerra sin cuartel al terrorismo y a cualquier tipo de delincuencia organizada pasará en Europa por un intercambio sistemático de la información policial transfronteriza. El Consejo Europeo se dispone a aprobar hoy una de las medidas más novedosas de su política de justicia y seguridad, consistente en convertir en obligatoria la transmisión de datos, de manera que si un funcionario de un país miembro pide a otro país una determinada información éste se la facilite. Este sistema, llamado "principio de disponibilidad", entrará en vigor el 1 de enero de 2008.

"La seguridad de la UE y sus Estados miembros reviste actualmente mayor urgencia, en particular a la luz de los atentados terroristas cometidos en EE UU el 11 de septiembre de 2001 y en Madrid el 11 de marzo de 2004", dice el documento que hoy se disponen a aprobar los jefes de Estado o de Gobierno de la UE, reunidos desde ayer en Bruselas.

La nueva medida de intercambio obligatorio de información vendrá a sumarse a la batería de iniciativas ya iniciadas después del 11-S y reforzadas después de los atentados de Madrid. Una de esas iniciativas fue la de reforzar el intercambio de información de los servicios de información, creando el embrión de una CIA europea, que, de momento, no tiene capacidad operativa y se limita a analizar las amenazas terroristas en el Centro de Situaciones (SitCen) ya existente en Bruselas. A partir del 1 de enero próximo, el SitCen facilitará al Consejo Europeo un análisis estratégico.

Propuesta de Solana

La UE se quiere comprometer hoy en Bruselas a atacar específicamente la financiación de los grupos terroristas con iniciativas particulares que Javier Solana, alto representante de la UE, presentará a los líderes europeos en el próximo consejo de diciembre.

Respecto a la inmigración y el asilo, la UE abre paso definitivo a una "externalización" de sus políticas, cooperando más estrechamente con los países limítrofes para gestionar los flujos migratorios al otro lado de las puertas de Europa. Esta idea, que los ministros de Justicia e Interior llevan tiempo estudiando, se va a desarrollar bajo la supervisión del ACNUR (Alto comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados). El documento que los líderes europeos se disponen a aprobar hoy señala esta iniciativa como un sistema que facilite el acceso a la protección y proporcione soluciones a largo plazo "en la etapa más temprana posible". La UE señala esta solución como la que permitiría evitar las dramáticas pérdidas de vidas que se producen en los transportes marítimos de inmigrantes que intentan arribar a las costas europeas.

Dentro de esta iniciativa, Italia y Alemania han expresado su interés en gestionar conjuntamente centros de inmigrantes en esos países limítrofes del norte de África y del este de Europa, una propuesta que España y Francia han descartado y que el nuevo presidente de la Comisión Europea, el portugués José Manuel Durão Barroso, ha decidido también aparcar, según informó al Parlamento Europeo en su sesión de investidura del pasado día 26 de octubre.

La UE va a insistir en su gestión conjunta de los flujos migratorios, perfeccionando el procedimiento único de solicitudes de asilo, lo que ya está evitando duplicidades, y se compromete a establecer una política eficaz de expulsión y repatriación.

Todos estos asuntos relativos a Justicia e Interior se deciden en la UE por unanimidad, razón por la cual muchas de las propuestas de la Comisión, como la directiva sobre la inmigración legal y su integración social, quedan estancadas en duras negociaciones entre los países. Los líderes propondrán hoy pasar tales decisiones a mayoría cualificada y codecisión (Consejo y Parlamento Europeo conjuntamente) y, en principio, hay acuerdo previsto para todas las políticas excepto para la inmigración legal, capítulo al que se opone Alemania, entre otros. El presidente de la Eurocámara, Josep Borrell, pidió al Consejo Europeo que tal cambio se introduzca cuanto antes.