Las comunidades podrán restringir más los horarios comerciales

El Congreso aprobó ayer la nueva ley de horarios comerciales, que permite a las comunidades limitar a ocho las aperturas en domingos y festivos. El debate se cerró con varias enmiendas que introducen cambios en el proyecto inicial. El principal es que queda en manos de las comunidades decidir que sólo los comercios con menos de 150 metros cuadrados dispongan de libertad horaria, cuando ahora el límite es de 300 metros.

El polémico proyecto de ley de horarios comerciales salió ayer del Congreso apoyado por el PSOE, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y Coalición Canaria (CC), pero con la oposición frontal de CiU y el PP. El texto deberá pasar ahora al Senado para su posterior aprobación y su entrada en vigor en enero de 2005.

La nueva norma sustituye el decreto Rato, que preveía la liberalización total en 2005. Y es más restrictiva, ya que mantiene en 12 el número de domingos y festivos en que puede abrir el comercio, pero deja a las comunidades autónomas libertad para llegar a un mínimo de ocho, con 72 horas de apertura semanal.

La excepción son los establecimientos de menos de 300 metros cuadrados, que ahora tienen libertad de apertura y que se mantenía invariable en el texto original del proyecto de ley del actual Gobierno. Una enmienda de ERC aprobada ayer restringe también esta excepción. Con carácter general, los establecimientos de menos de 300 metros tendrán libertad de apertura, pero se deja a las comunidades potestad para limitarla a tiendas de alimentación y productos de uso cotidiano de menos de 150 metros cuadrados "por razones de política comercial".

En la práctica, esta decisión supone proporcionar "mayor autonomía" a las comunidades en materia de comercio interior, según fuentes del ministerio que dirige José Montilla. Aun así, CiU acusó ayer al PSOE de "ningunear" a las autonomías con "una OPA hostil y salvaje a las competencias que tienen asumidas las comunidades", afirmó el portavoz del grupo, Josep Sánchez Llibre.

Razones de "orden público"

Otro de los cambios introducidos otorga a las comunidades potestad para permitir a los ayuntamientos el cierre "de manera singularizada" de establecimientos de ventas de bebidas alcohólicas "por razones de orden público", según explicó Industria en un comunicado.

Los sindicatos y las asociaciones de empresarios y consumidores ya escenificaron sus diferencias en el Consejo Económico y Social (CES), que no consiguió consensuar un dictamen sobre el anteproyecto del Gobierno. Y las disensiones han continuado entre los grupos políticos del Congreso, con el rechazo del PP (favorable a la liberalización total) y CiU (partidario de más restricciones), y el apoyo condicionado de otros partidos después de las enmiendas aprobadas a través del trámite parlamentario.

Para la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (Anged), el recorte de la superficie máxima de los comercios con plena libertad horaria "atenta contra la libertad de los consumidores". Anged destacó que la nueva ley es "todavía más restrictiva" que el anteproyecto, puesto que perjudica "la decisión de las empresas de atender las necesidades de sus clientes".