Un largo conflicto con connotaciones políticas

El 16 de diciembre de 1999, con la aprobación del Plan Director de Barajas, el Gobierno decidió que la única opción para atender el incremento de la demanda es la ampliación del aeropuerto y no la creación de un segundo, las aerolíneas se han lanzado a una pugna por conquistar un buen espacio en las nuevas instalaciones capaces de acoger a 70 millones de pasajeros, 45 millones más que en la actualidad.

Para Iberia la nueva terminal supone la oportunidad de tener su propio centro de distribución de tráfico (hub) y reforzar así su crecimiento como compañía de red, recogiendo pasajeros procedentes de Europa hacia Latinoamérica, donde mantiene una posición de liderazgo. Según la compañía, desde el principio trabajó codo con codo con AENA pensando que la nueva terminal sería su hub en exclusiva, como el ente le había prometido.

Sin embargo, "de la noche a la mañana", en palabras del consejero delegado de Iberia, Ángel Mullor, el ministro de Fomento, Francisco Álvarez Cascos, cambió de opinión y adjudicó por sorpresa parte de la terminal a Spanair. En esa decisión pudieron tener mucho que ver las tensas relaciones que el ex ministro mantuvo con la dirección de Iberia desde que en el verano de 2002 la empresa cesara por unas horas su actividad por un conflicto con los pilotos.

"Cacicada" de Cascos

El acuerdo ratificado por AENA de un Gobierno del PP en funciones fue recurrido por Iberia, que lo calificó de "cacicada", al tiempo que su socio British Airways aludía a los buenos contactos entre el PP y el presidente de Spanair. Esto a su vez provocó la denuncia de Gonzalo Pascual, presidente de Spaniar contra Iberia. Spanair sostiene su derecho a estar en la terminal 4 "en razón de la defensa de la competencia y la cuota de mercado". Por su parte, Iberia alegó que compartir la T4 con otra alianza, además de congestionar el aeropuerto, recortaba su capacidad de crecimiento.

Ahora es el PP el que acusa. Ayer, su portavoz de Infraestructura en el Congreso, Andrés Ayala, no dudó en calificar de "partidista" y "discriminatoria" la nueva adjudicación. El grupo Popular la comparecencia en el Congreso de la ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, que según Ayala, muestra "una obsesión enfermiza por deshacer todas las obras de infraestructuras realizadas por el Gobierno del PP".

Una opinión contraria a la de los sindicatos. CC OO y UGT mostraron ayer su satisfacción por el nuevo reparto.