La plataforma contra el abuso urbanístico rechaza la nueva LRAU

La Asociación Abusos Urbanísticos No ha vuelto a rechazar con rotundidad la nueva Ley Reguladora de la actividad Urbanística (LRAU). Así se pronunció en la segunda de las asambleas generales, reunida este fin de semana en Dénia. El borrador presentado por el consejero de Territorio y Vivienda, Rafael Blasco, deja mucho que desear para el colectivo presidido por Charles Svoboda.

El borrador que actualiza la ley no corrige la esencia de su aplicación, en opinión de la plataforma. Es más, las correcciones efectuadas son consideradas un verdadero atentado contra la propiedad privada y el medio ambiente. La denostada LRAU a la que sustituirá el nuevo documento, no refuerza las reclamaciones formuladas por Abusos No y que constituyen en síntesis el nexo de unión de las exigencias de los residentes tantos españoles como extranjeros.

Svoboda, antiguo director del Servicio de Inteligencia de Canadá, ha anunciado que los abogados del colectivo, que cuenta ya con 30.000 asociados, han presentado sendas denuncias en el Parlamento Europeo. Este organismo, posteriormente, las canalizará a través de los tribunales de Justicia de Luxemburgo y el de Derechos Humanos de Estrasburgo.

En el campo estrictamente valenciano, se ha solicitado al Síndic de Greuges que tome cartas en el asunto y estudie todas las posibles vías de intervención. Durante la aplicación de la LRAU, el Síndic ya recibió las demandas de la asociación orientadas a evitar que, en el intervalo de la aprobación de la nueva normativa, algunos ayuntamientos actuaran desaforadamente.

Muchas de las denuncias formuladas por los asociados se basan en la cesión contemplada por la Ley del Suelo, cesión que sigue contemplada sin alteración en la que está a punto de ser debatida en el Parlamento autonómico.

Otro gran debate abierto es el competencial. Los derechos y deberes de los propietarios son de competencia estatal. Este matiz ha hecho en más de una ocasión que el consejero Blasco manifestase la falta de competencias de su departamento a la hora de resolver la mayoría de las denuncias presentadas por abusos urbanísticos.