Estado de la defensa

El presidente del Gobierno se reúne hoy, a bordo del portaaviones Príncipe de Asturias, en aguas de la bahía de Cádiz, con la cúpula militar, a fin de aprobar la nueva Directiva de Defensa Nacional. Sus novedades mayores son el compromiso de someter a votación del Parlamento el envío de tropas al extranjero , y la inclusión del terrorismo internacional entre las prioridades de la defensa nacional. Pero el problema mayor sigue siendo el reclutamiento de soldados profesionales.

En 1996, cuando se sustituyó el servicio militar obligatorio por el Ejército profesional, el número de soldados previsto era de entre 150.000 y 180.000. En 1999, cuando ya se habían detectado las dificultades de alistamiento, las necesidades se fijaron entre 102.000 y 120.000. Esa cifra sigue oficialmente vigente, aunque la realidad actual es de unos 70.000 efectivos. Con el fin de estimular el reclutamiento, el ministerio prepara una serie de medidas, la principal de las cuales es el aumento del cupo de soldados extranjeros desde el 2% hasta el 5%: de unos 1.500 que hay ahora -latinoamericanos y guineanos- a unos 3.500. El déficit de personal es especialmente acuciante en la Armada, donde se estudian incentivos especiales en materia salarial, de promoción profesional y condiciones de vida.

La Constitución española no establece la necesidad de aprobación parlamentaria del envío de tropas a misiones bélicas en el extranjero. Se trata de una anomalía sobre la que hace tiempo llamó la atención el actual presidente del Consejo de Estado. El Gobierno, en teoría, puede someterlo al Parlamento o no hacerlo. La oposición lo reclamó en relación a la participación en la guerra de Irak, y Zapatero se comprometió a hacer obligatorio el permiso de las Cortes. Ello implica reformar la Ley de Criterios Básicos de la Defensa Nacional.

La Directiva de Defensa vigente es anterior al 11-S. Desde entonces, tanto la OTAN como la Unión Europea han introducido al nuevo terrorismo de masas entre las amenazas principales para la seguridad. Así se recoge en el proyecto de nueva Directiva que se aprueba hoy, atribuyendo a las Fuerzas Armadas un papel en la lucha antiterrorista, si bien "como último recurso" y de acuerdo con el principio de multilateralidad, lo que implica mayor protagonismo de la ONU, y un concepto de "anticipación" distinto de la "guerra preventiva" de la doctrina Bush. Otra novedad será la unificación bajo mando del CNI de los servicios de inteligencia de los Ejércitos, herencia de un tiempo no tan lejano (hasta 1977) en que cada uno de ellos tenía ministerio propio.